El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó ayer la creación de la nueva Base de Datos de Probables Números de Extorsión, propuesta elaborada por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En su intervención en el Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó que este registro será la columna vertebral de la nueva estrategia integral en la materia.

El objetivo de la base de datos es que los ciudadanos puedan, desde cualquier parte del país, llamar a la línea 089 para denunciar, de forma completamente anónima, una probable extorsión telefónica, las 24 horas, los siete días de la semana.

Según el reporte ¿Quién es quién en seguridad local?, elaborado por el gobierno federal, en el país uno de cada cinco delitos que se cometen es de extorsión.

A partir de ayer, los más de 200 operadores de la línea 089 de todo el país tendrán la responsabilidad de generar una base de datos a partir de información que proporcionen los mismos ciudadanos. Según se tiene previsto por el CNI esto incluiría: lada y teléfono del cual fueron extorsionados los ciudadanos; el día, lugar y hora de la probable extorsión; la cuenta bancaria proporcionada por el presunto extorsionador al extorsionado, y la forma de operación del sujeto.

David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, señaló que según las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se cometen casi 6 millones de extorsiones por año en el país. Sin embargo, datos reportados por las 32 fiscalías demuestran que sólo se abren algunas decenas de carpetas de investigación por ese delito.

El titular del CNI sugirió que, tal como ya se demostró en la lucha contra el huachicol a inicios de 2019, contar con buena información delictiva es esencial para combatir los ilícitos con eficacia y eficiencia, privilegiando la inteligencia sobre la fuerza.

Esta propuesta requerirá la obligatoriedad de que todos los ciudadanos proporcionen sus datos cuando adquieran un celular o una tarjeta SIM de prepago. Esto permitirá complicar la operación logística de las bandas que extorsionan y secuestran, y quienes pueden comprar las tarjeas de manera ilimitada para realizar sus operaciones.