A 16 años de su asesinato, el expediente laboral de Guillermo González Calderoni, ex comandante de la desaparecida Policía Judicial Federal entre 1980 y 1990, deberá ser hecho público por la Fiscalía General de la República (FGR).

Señalado en México como protector de narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes (cártel de Juárez) y Juan García Abrego (cártel del Golfo), González Calderoni fue asesinado en febrero de 2003 de un tiro en la ciudad de McAllen, Texas, en Estados Unidos.

El ex policía huyó de México para librarse de una orden de aprehensión en su contra en 1993, se convirtió en informante de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y obtuvo protección de la justicia de ese país para evitar que lo juzgaran autoridades mexicanas por enriquecimiento ilícito y delitos contra la salud.

La decisión de hacer público su expediente laboral fue tomada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que considera que el documento es de interés de la ciudadanía, pues trata de un funcionario público conocido por el poder que adquirió y quien presuntamente recibió sobornos por cerca de 400 millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente el de Sinaloa.

En respuesta a la solicitud de un particular, la FGR clasificó la información como reservada, bajo el argumento de que proporcionar cualquier dato del personal operativo de la dependencia pondría en riesgo su vida, seguridad o salud de su familia, debido a que podrían ser objeto de amenazas o represalias por parte de los miembros de la delincuencia.

El particular impugnó la reserva ante el INAI y explicó a la FGR que Calderoni fue ejecutado en febrero de 2003 y señaló que su expediente es de interés público.

El comisionado Óscar Guerra Ford, encargado de presentar el asunto ante el pleno, afirmó que transparentar el expediente laboral del ex funcionario permitirá conocer los documentos que presentó para ser contratado como servidor público, sus informes de actividades, las áreas a las que estuvo adscrito y las sanciones administrativas que se le impusieron, entre otras.

No obstante, determinó que se debían proteger los datos personales sensibles, como domicilio particular, números de teléfono de particulares, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, RFC, sexo, estado civil, edad, nombre de los padres, nacionalidad, beneficiario de seguro, huellas dactilares, rasgos físicos, entre otros.

Además, explicó que la FGR debe informar sobre las resoluciones firmes en las que se le impusieron sanciones al ex servidor público por la comisión de faltas administrativas, y mantener como reservadas aquellas en las que no obtuvo sanción.