El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, pidió ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el expediente sobre la indagatoria seguida contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que informe por qué no se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el tema, como sí se hizo en los casos de Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, ex funcionarios investigados por ­corrupción.

Luego de que Bartlett fue exonerado por la SFP de conflicto de interés y de ocultar su patrimonio, el senador consideró que no es suficiente que la Función Pública indagara la evolución patrimonial del funcionario a partir del 1º de diciembre de 2018, cuando es de todos conocido que ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva también en el tiempo.

Después de presentar una solicitud de información a la dependencia citada sobre el asunto, dijo esperar que su requerimiento no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido, escudándose en la inexistencia de los datos, pues sería contradictorio que la SFP, un órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente la investigación.

Lo menos que podemos esperar del órgano federal encargado del combate a la corrupción es la máxima transparencia y publicidad de sus indagatorias y resoluciones, añadió el dirigente de MC.

En su demanda de información, Clemente Castañeda pidió que se publique el expediente completo, incluida la resolución.

También solicitó la versión pública de las 33 denuncias presentadas contra el director de la CFE y las pruebas documentales que sustentan el resultado emitido en la investigación respectiva. Asimismo, pidió copias en versión pública de todos los oficios, con su respectiva respuesta, solicitados por la SFP durante las pesquisas.

El senador Castañeda solicitó conocer las razones y el fundamento legal que llevó a la SFP a investigar la información de Bartlett a partir del 1º de diciembre de 2018 y a no solicitar a la UIF para que de manera proactiva ampliara la investigación, lo cual sí sucedió en casos como el de Lozoya y Robles.