La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para garantizar el pleno del derecho humano a la salud materna para las mujeres, ante la persistencia de la morbilidad y mortalidad materna; el excesivo uso de intervenciones médicas, incluyendo las tasas elevadas de cesáreas y las frecuentes denuncias de las usuarias por maltrato, violencia obstrética, falta de información y consentimiento de las intervenciones médicas y saturación de los hospitales.

La muerte materna es uno de los mayores problemas en materia de salud sexual y reproductiva en México, refiere la inictiativa presentada por Marha Tagle (Movimiento Ciudadano), pues hasta el 18 de noviembre del presente año, la razón de mortalidad materna calculada es de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo cual representa un incremento de 1.3 por ciento respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.

Las principales causas de defunción son: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (20.4 por ciento), hemorragia obstétrica (19.9 por ciento) y aborto (8.7 por ciento). Las entidades con más defunciones maternas son estado de México (66), Chiapas (45), Veracruz (45), Jalisco (43), y Guerrero (40).

México tiene una tasa de cesáreas alta, con 47 por ciento, cifra que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugiere máximo 15 por ciento de cesáreas. Con ese indicador México se encuentra entre los primeros cinco países con el porcentaje de cesáreas más alto del mundo. El incremento en la frecuencia de operación cesárea es un problema de salud pública reconocido por México. Es una práctica que no es inocua e implica riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos asociada con una mayor morbilidad y mortalidad materna.

La exposición de motivos de la propuesta advierte que la política de salud en los últimos años, que centra la atención obstétrica en unidades hospitalarias exclusivamente, ha producido efectos adversos para la salud materna y neonatal: el incremento de las cesáreas, maltrato y violencia obstétrica.

La modificación que se plantea en este proyecto de ley permitirá mejorar el desempeño del sistema de salud orientando apropiadamente los recursos, haciéndolo más eficientes, efectivos y equitativos, e incluso puede satisfacer a todos los involucrados en él, es decir, en primer término, a las propias mujeres, a médicos, enfermeras, parteras, gerentes y gobiernos. Cumple a cabalidad con las características de las iniciativas de mejora.

“Con la modificación que se plantea aquí se podría, además, incluir unidades de partería como establecimientos de salud formalmente y regularlas para mayor seguridad de las mujeres, fortalecer las escuelas de partería existentes, así como reconocer las iniciativas de los servicios de salud en 16 estados que tienen actualmente servicios públicos con parteras profesionales.

Además, esta propuesta de proyecto de ley se alinea con lo establecido en la norma oficial mexicana 007 de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, que reconoce y promueve la atención del parto en embarazos de bajo riesgo por parteras profesionales (parteras técnicas, enfermeras obstétricas) y parteras tradicionales.