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Designan a Olga Ojeda fiscal contra la corrupción en BC

Denuncia contra Kiko Vega por desvíos, primer caso a investigar

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 21 de diciembre de 2019, p. 24

Mexicali, BC., El Congreso de Baja California designó, por mayoría de votos, a la abogada Olga Ojeda Mayoral fiscal especial en el combate a la corrupción.

Se informó que uno de los primeros asuntos a investigar es la denuncia que presentó el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, contra el ex gobernador panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid, por presunto desvío de mil 200 millones de pesos.

Otro asunto es el escándalo de corrupción de funcionarios del nuevo gobierno de Morena, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, por recibir dinero de empresarios como promesa para la cesión de contratos de servicios de desayunos escolares y comida para cárceles estatales.

Ojeda Mayoral obtuvo 23 votos de los diputados asistentes a la sesión extraordinaria en la sala Benito Juárez para designar por mayoría calificada el nombramiento que faltaba de las figuras del Sistema Estatal Anticorrupción del estado.

Con la mitad de legisladoras en el Congreso estatal se impuso la designación de una mujer para estar al frente de este órgano dedicado a investigar delitos cometidos por servidores públicos.

La diputada Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, señaló que fue una decisión congruente con la perspectiva de género y por los perfiles de los aspirantes.

El gobernador Bonilla Valdez presentó una terna integrada además por otros dos abogados: Humberto Valdez y Javier Sánchez.

A diferencia del ámbito nacional, donde esta fiscalia especializada está adscrita la Fiscalía General de la República, a nivel local se trata de una entidad independiente.

En el dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el morenista Juan Manuel Molina, quien ya fue diputado por el Partido Acción Nacional y después por Movimiento Ciudadano, se omitió dotar de personalidad jurídica en su Ley Orgánica y así se votó en el pleno.

El desaseo parlamentario también se evidenció en el texto constitucional, pues refiere que la designación del fiscal especializado será exclusivamente a través de una terna propuesta por el gobernador, pero en el mismo artículo se advierte que será por convocatoria pública.