El lado oscuro de la fresa: el caso de Santo Tomás

Liliana es originaria de la comunidad indígena de Santo Tomás, ubicada en la región p´urhépecha de la Cañada de los Once Pueblos, en el estado de Michoacán. Madre soltera de dos pequeños, de sus 27 años de edad los últimos diez los ha dedicado a las labores en el campo, pues aunque estudió una carrera técnica como asistente educativo, la falta de alternativas de empleo en la región la orillaron a ingresar al “campo”, a trabajar en el surco, por lo que algunas veces trabaja en el corte de brócoli en el Valle de Guadalupe, otras en la poda de la zarzamora y algunas más en la repela y pizca de fresa en Tangancícuaro.

Ser madre soltera y trabajar en el campo significa que las labores diarias de Liliana comienzan quince minutos antes de las cinco de la mañana cuando se levanta para preparar el lunch que ha de llevar consigo a Tangancícuaro y el que les ha de dejar a sus pequeños antes de salir a la carretera federal que lleva de Morelia hacia Zamora y al punto de encuentro en la comunidad de Acachuén donde “los recoge” la camioneta para llevarlos, junto con sus compañeros, a trabajar a Tangancícuaro, antes de detenerse en la comunidad de Los Nogales, donde la mayoría compra algunos de los enseres que han de comer pa´guantar en el trabajo.

Las condiciones en que Liliana realiza su trabajo son, por demás, desfavorables y precarias, pues no cuenta con seguro social ni prestaciones, por lo que si se enferma o tiene necesidad de asistir a consulta médica, además de pagar de su salario tiene que faltar al trabajo, lo que muchas veces le amerita uno o dos días de descanso obligatorio o el despido definitivo. Además, la empresa para la cual trabaja actualmente no le brinda capacitación ni los materiales –guantes, gafas, overol, cubrebocas- para realizar su trabajo de forma segura.

A pesar de estar expuesta a condiciones adversas como las altas temperaturas y las fumigaciones al interior de los macrotúneles que le han valido, hasta ahora, algunas cefaleas, deshidrataciones severas, irritación ocular y de las vías respiratorias además de lesiones lumbares por cargar los botes pal´proceso que pesan cada uno veinte kilos dependiendo de lo que se coseche, Liliana acepta que la agricultura industrial también ha significado la posibilidad de tener cierta solvencia económica, sobre todo en tiempos de cosecha, es decir, de octubre-noviembre a febrero-marzo, y la posibilidad de ampliar su red social de apoyo con compañeras y compañeros en el surco.

También acepta que la agricultura industrial, en su comunidad, Santo Tomás, significó varios perjuicios que motivaron un conflicto con la empresa Agrícola Superior de Jacona que se acercó en 2012 para iniciar el cultivo de fresa y arándano en los terrenos comunales, ante lo cual, muchos comuneros, comuneras, jornaleros y jornaleras, le dieron la bienvenida.

A decir de los comuneros de Santo Tomás, la empresa Agrícola Superior de Jacona en consorcio con ValMex Frozen Foods LTD con oficinas en San Antonio, Texas, llegó a la comunidad como llegan todas las empresas: con el discurso del desarrollo, del progreso y de la generación de empleo para la comunidad. Sin embargo, a decir de los comuneros, lo único que dejó la empresa a su paso por los terrenos comunales fue división social y contaminación por la generación de desechos agrícolas como plástico para macrotúnel, cintilla, y una infinidad de botes de plaguicidas, herbicidas, insecticidas con nombres raros, Lucaquat 25, Lucathion 1000- E, Diazinon 232, Fosfuro de aluminio, Hipoclorito de sodio al 13%, ácido sulfúrico al 98%, etcétera… algunos de ellos con dibujitos de calaveritas a un costado y advertencias que se antojan, en mucho, fatídicas: “se recomienda quemar la ropa después de usar este producto”, “en caso de ingerir, se recomienda visitar al médico, la rapidez es un factor esencial”, “mortal si se inhala”, “mortal en caso de ingestión”, “puede ser nocivo por el contacto con la piel”, “al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

Evidencias todas que, al verlas, motivaron la reflexión de los comuneros: ¿cómo puede ser posible que estos químicos vayan a dar a las manos de las familias, de las mujeres, de los ancianos, de los niños de nuestra comunidad?, ¿cómo es posible que esta empresa contamine nuestras tierras, las aguas del río Duero? Preguntas que fueron precedidas por el cuestionamiento de los beneficios que la empresa estaba dejando en la comunidad después de seis años de contrato y que visibilizó otras problemáticas ocasionadas por la agroempresa, como la precariedad laboral a la que se enfrentaban los y las jornaleras agrícolas: “en nuestra comunidad poco a poco platicamos de cuáles fueron los beneficios o los perjuicios y detectamos que la empresa AgroSuperior cometió varios atropellos tanto en la relación que se tenía con los renteros y también con los trabajadores” (comunero de Santo Tomás).

Afectaciones ambientales.

Así, de los incumplimientos de la empresa para con la comunidad, las condiciones laborales precarias y la generación de desechos agrícolas se fue fraguando un conflicto que estalló el 4 de noviembre de 2018, cuando mediante asamblea general se decidió bloquear las huertas para impedir que se cosecharan los frutos rojos de exportación como una medida de presión para que el agroempresario asistiera a la comunidad y atendiera los reclamos de los comuneros y jornaleros agrícolas.

Sin embargo, pasó diciembre del 2018 y comenzó 2019, enero, febrero y marzo y la empresa no había cumplido más que con el pago de las rentas a los comuneros renteros, por lo que la comunidad decidió nuevamente bloquear las entradas a las huertas de fresa y arándano para exigir al agroempresario que cumpliera los acuerdos pactados con la comunidad, pero éste se negó.

De la llegada de la agroempresa a la comunidad han pasado casi ocho años de los cuales casi siete la empresa explotó la tierra, el agua y a los trabajadores. De cuáles son o serán las consecuencias de salud que habrán de enfrentar los y las jornaleras agrícolas en un futuro, es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién se responsabilizará por los daños ocasionados por la empresa Agrícola Superior de Jacona?, es una pregunta que también sigue sin respuesta.

Lo cierto es que personas como Liliana y comunidades como Santo Tomás se ven obligadas a permitir estos procesos de saqueo de elementos naturales ante las condiciones de escasez económica y la falta de alternativas de empleo en la región. •