Puchuwin Limaxcanin: el juzgado indígena de Huehuetla

En las pasadas dos décadas se multiplicaron de manera importante las experiencias comunitarias en resolución de conflictos e impartición de justicia. En las comunidades indígenas estas experiencias parten de los sistemas normativos y de las prácticas jurídicas propias, enmarcadas en un horizonte cultural específico. En el estado de Puebla, a través de un Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP), el 14 de marzo de 2002 se oficializó la creación de cinco juzgados indígenas reconocidos como “medios alternativos de justicia”. Uno de ellos es el que actualmente se encuentra en el municipio totonaco de Huehuetla, en la Sierra Norte del estado.

Aun cuando este juzgado indígena aparentemente fue creado como un brazo más del aparato judicial del Estado para la impartición de justicia a nivel municipal, simultáneamente emergió como una institución comunitaria que desde su origen opera bajo la orientación de los principios políticos y culturales de la Organización Independiente Totonaca (OIT). Don Manuel Aquino Juárez, quien es actualmente el Juez Indígena, es originario de la localidad de Putlunichuchut y fue elegido por la comunidad debido a su larga trayectoria en el sistema de cargos comunitarios y municipales: escribano, secretario de educación, semanero, presidente del comité de agua potable, fiscal, mayordomo y regidor suplente de la presidencia. Ha sido también parte del Concejo Comunitario y coordinador del Concejo de Ancianos. Si bien su cargo y el de su equipo en el Juzgado es reconocido por el TSJEP, no reciben ningún tipo de salario o apoyo económico, a diferencia del resto de los jueces no indígenas que son parte del aparato de impartición de justicia. Esto les orilla a trabajar en condiciones sumamente adversas y precarias, pues el trabajo que realizan les exige dedicar todo su tiempo a atender la gran cantidad de casos que van más allá de los límites municipales. Debido a ello, se ven obligados a descuidar sus milpas y sus cafetales, pero también a subsidiar con sus propios recursos las diligencias que tienen que realizar a diario.

Este Juzgado construye justicia comunitaria desde un conjunto de prácticas que se oponen a la lógica punitiva centrada en el castigo. Retoma prácticas ancestrales de los totonacos que han resuelto sus conflictos sociales a través de los “usos y costumbres”, prefiriendo siempre el diálogo y la reconciliación. La búsqueda de justicia se fundamenta en dos principios: la reparación del daño y el perdón. El Juzgado privilegia la mediación entre las partes en conflicto por encima de la imposición de sanciones. A través del diálogo se busca llegar a un justo medio que posibilite que los implicados en un conflicto se sientan suficientemente conformes con el acuerdo. Durante un proceso de resolución, las personas no son “juzgadas”, sino alentadas a resolver una problemática, siempre buscando reparar cualquier daño producido. El Juzgado Indígena se caracteriza por buscar la justicia sin recurrir al castigo, a la cárcel ni a la acción coercitiva de un cuerpo de policía. 

Su emergencia como institución local y regional ha posibilitado la revitalización del derecho totonaco, subsumido y negado históricamente por el aparato de justicia dominante. En la práctica se ha forjado como una institución totonaca que responde a los intereses y a las perspectivas comunitarias. Pero también es producto de la lucha histórica de las comunidades indígenas serranas para conseguir una vida digna desde sus propios horizontes culturales.

Una de las tensiones a las que se enfrenta el Juzgado tiene que ver con su jurisdicción territorial, pues los gobiernos de otros municipios no ven con buenos ojos que intervenga en sus dominios. En torno a esta contrariedad, es fundamental explicitar que en el ámbito de la justicia y en otros más, los pueblos y comunidades totonacas no reconocen para sí las fronteras políticas municipales o estatales, pues en este caso se asumen como habitantes de una región cultural reconocida como el Totonacapan que abarca municipios de Puebla y Veracruz. En virtud de ello, sienten más cercanía con la forma de “hacer justicia” del Juzgado Indígena, que con el Juez de Paz o el Ministerio Público del municipio al que pertenezcan. Es altamente significativo que a pesar de que el Juzgado opera con escasos o nulos recursos económicos, su eficacia para resolver conflictos intra e intercomunitarios es la causa de que cada vez sean más las personas de otros municipios de la Sierra Norte de Puebla e incluso del Totonacapan veracruzano que se acercan a esta institución, incluyendo personas mestizas y hablantes de la lengua náhuatl. 

Los retos a los que se enfrenta el Juzgado Indígena de Huehuetla son muchos y tienen que ver sobre todo con el reconocimiento pleno y con la necesaria y urgente ampliación de su fuero por parte del TSJEP. Es importantísimo que se reconozca la legalidad de su quehacer en todo el territorio totonaco, además de su interés legítimo para incidir en los procesos comunitarios de defensa del territorio frente a los llamados “proyectos de muerte”. Pero en lo inmediato, es urgente resolver el déficit presupuestal con el que regularmente opera. Esto suele complicar la realización plena de ciertas diligencias y actividades propias de cualquier juzgado, aunque ello no ha sido un obstáculo para cumplir con su mandato de “hacer justicia”. Es urgente que la institución estatal a la que pertenece asegure la asignación de un presupuesto suficiente que permita dignificar el trabajo de quienes integran el Juzgado, así como mejorar las condiciones materiales en las que deben hacer su trabajo. 

En fechas recientes, los integrantes del Juzgado han buscado la interlocución con el Tribunal TSJEP, con el objetivo de que respalde institucionalmente el noble trabajo que realiza en la creación de las condiciones necesarias para preservar la paz comunitaria, sin embargo los resultados no han sido alentadores. Por ello, hacemos un llamado no solo al tribunal sino a otras instituciones estatales y federales que tienen el mandato de trabajar con las comunidades indígenas para que respalden de manera legal, institucional y presupuestal a este tipo de experiencias comunitarias que van más allá de la impartición de una “justicia alternativa”, ya que posibilitan la reproducción de los tejidos sociales comunitarios que cotidianamente se enfrentan a la amenaza de ser desgarrados por la violencia. •