No solo a centroamericanos, el INM acosa también a indígenas del sur

La mayor parte de la población indígena de Chiapas están en constante movilidad: salen de sus lugares de origen para trabajar en otros estados, buscando mejores condiciones de vida para sus familias y comunidades, empleándose como jornaleros en los trabajos agrícolas, en la industria de la construcción, en el servicio doméstico, en zonas turísticas y hoteleras o en las industrias.

La migración transnacional no queda excluida, muchas personas indígenas deciden viajar hacia los Estados Unidos de América, de manera indocumentada o documentada. En las diferentes formas de la migración para la búsqueda de una vida digna, siempre están presente las violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos de las personas; la población indígena es la más vulnerable a esta situación.

En este apunte nos concentraremos en las violaciones de los derechos humanos de las personas indígenas migrantes en los centros migratorios; detenciones, extorsiones, discriminaciones, deportaciones, entre otras acciones inadecuadas e injustas cometidas por los agentes migratorios que vulneran diversos derechos humanos, tales como el derecho al libre tránsito, la no discriminación y a no sufrir tratos inhumanos.

Violaciones de derechos y “disculpas públicas”

El 3 de septiembre de 2015, cerca de la ciudad de Querétaro, cuatro familiares de la comunidad indígena tzeltal (“víctimas 1, 2, 3 y 4”) viajaban en autobús hacia Guaymas, Sonora, donde tenían la intención de encontrar trabajo como jornaleros agrícolas, cuando fueron ilegalmente detenidos y maltratados por agentes migratorios en su camino, como resultado de un perfilamiento racial. La víctima 3 solo tenía diecisiete años, y las víctimas 1 y 2 carecían de una comprensión suficiente del idioma español.

De acuerdo con las organizaciones Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, CIMICH; Instituto para las Mujeres en la Migración, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, acompañantes del caso, las cuatro víctimas sufrieron violaciones y tratos inhumanos por parte de agentes. Después de cinco años de lucha y trabajo de incidencia con las autoridades correspondientes y responsables del caso, el 7 de noviembre del 2019 se dio la disculpa pública ordenada por la CEAV en su Resolución de Reparación Integral del Daño Exp. CEAV/CIE/0158/2017. Las víctimas acreditaron violaciones a la libertad personal, la libertad de tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia, ya que fueron sometidas a tratos crueles inhumanos o degradantes. Esta disculpa pública fue emitida por el comisionado Francisco Garduño Yáñez del Instituto Nacional de Migración (INM). El comisionado reconoció las acciones inadecuadas de sus agentes, por lo que pidió una disculpa pública a las víctimas, y se comprometió a implementar estrategias y mecanismos de trabajo para la no repetición de estas violaciones a los derechos humanos hacia los migrantes indígenas.

Sin embargo, las sanciones puestas a los agentes migratorios que vulneraron los derechos a cuatro indígenas migrantes siguen siendo injustas e inaceptables, porque suspender 15 a 30 días de trabajo sigue siendo insuficiente. Esta sanción da a entender que es posible continuar violando los derechos de indígenas migrantes, porque las acciones cometidas por los agentes no son merecedoras de una sanción penal; este caso no fue la primera vez que se violaron los derechos humanos de las personas indígenas, fue una de las tantos violaciones realizadas en los centros de detenciones por los agentes del INM.

Las detenciones de indígenas

Durante el tránsito, cuando las personas viajan en autobús, muchas personas indígenas fueron y son víctimas de tratamiento discriminatorio por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Estas narrativas y testimonios fueron recopilados a través de las entrevistas realizadas por el equipo de CIMICH.

De acuerdo con la CNDH, existen informes relacionados con la detención y desaparición de mexicanos indígenas por parte de agentes migratorios que creían que eran inmigrantes centroamericanos.

Los mexicanos indígenas sufren discriminaciones raciales. Los agentes de migración aseguran que pueden identificar a un migrante en una situación irregular incluso antes de hablar con él: lo reconocen por su comportamiento, por el color de su piel, por su vestido, por su olor y por la forma que habla. Estas formas de clasificación son discriminatorias, conducen a la detención ilegal, desaparición forzada y/o la deportación de ciudadanos mexicanos indígenas.

La probabilidad de que los mexicanos indígenas se conviertan en víctimas de la discriminación racial es alta. Muchas de las víctimas son hombres jóvenes, mujeres y niños o niñas provenientes de comunidades indígenas rurales y desproporcionadamente empobrecidas, y son acosados mientras están en tránsito en autobuses económicos en busca de trabajo agrícola. El enfoque de los agentes de migración en la apariencia física y la forma de hablar español al hacer determinaciones de ciudadanía es un tema recurrente. Por ejemplo, un entrevistado de sexo masculino de 21 años de la comunidad de Yaxgemel, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuyo primer idioma es el tzotzil, viajaba entre San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez para participar en los trabajos de construcción y fue informado por agentes de inmigración que detuvieron su autobús y revisaron sus documentos que no era mexicano, y que sus características físicas parecían muy centroamericanas. El entrevistado dijo: los agentes “me empezaron a discriminar por el color de piel y por la forma en que hablo el español”. Otro entrevistado—un hombre de 22 años de Nail Ch’en, en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, cuyo primer idioma es el tzeltal— viajó de Chiapas a Sonora para trabajar en los campos agrícolas en el corte de uva y describió revisiones migratorias cada vez más severas a medida que el autobús avanzaba hacia el norte, con los mexicanos indígenas que a menudo se bajaban del autobús y se les pedía que presentaran una credencial para votar, su Clave Única de Registro de Población (“CURP”) y un certificado de nacimiento, entre otros documentos. Como explicó el entrevistado, “nos pidieron bajar para revisar nuestros documentos porque nos dijeron que parecíamos centroamericanos y porque casi no hablamos bien el español, y otros policías nos decían que el acento del español que usamos se parece al de los centroamericanos”.

De acuerdo con las investigaciones y entrevistas realizadas a personas indígenas migrantes, quienes han migrado en diversas temporadas en busca de mejores condiciones de vida, el INM ha estado violando los derechos humanos “constantemente”, “por la falta o las pocas denuncias realizadas, es decir, por los migrantes detenidos y deportados”. La situación no se ha hecho visible y muy pocos casos reciben acompañamiento de una organización de la sociedad civil. “Es por ello que no existen datos concretos sobre las detenciones y deportaciones de migrantes indígenas. Existen muchos casos que no han sido visibles, y lo peor de todo, es que se han quedado impunes estas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes indígenas. •