De Oaxaca a San Quintín: un camino sin derechos

Con el incremento de la producción de hortalizas de exportación en los pasados cuarenta años, se ha dado paso a un incremento de la migración hacia las regiones productoras de hortalizas. Los estados de Oaxaca, Guerrero y, recientemente, Chiapas son entidades tradicionalmente expulsoras de mano de obra. Uno de los destinos de estas migraciones por pobreza es Baja California, principalmente el Valle de San Quintín. El flujo migratorio se constituye principalmente por gente joven que viaja sola o acompañado de su familia.

De un estudio de caso realizado en el Valle de San Quintín, entre jornaleros enganchados y que viven en los albergues de la zona, se encontró que la participación femenina es similar a la masculina, debido a que en la época pico la demanda de mano de obra admite mujeres.

Los jornaleros encuestados llegaron a los albergues mediante un enganchador. Los enganchadores tienen como función recolectar a la gente de las comunidades de origen y llevarlas a los campos de trabajo. En las comunidades del Valle de San Quintín también reclutan jornaleros en las plazas y parques. Los jornaleros migrantes asentados se concentran en lugares acordados ya por la costumbre desde las 4 de la mañana y esperan quien los contrate. De acuerdo con García et al. (2006), uno de los propósitos informales que tienen los enganchadores es liderar la conducción de los jornaleros a través de una red de confianza entre su gente y ellos. Para esto es importante que hablen la misma lengua, que sean parientes, amigos, compadres, vecinos o paisanos. No obstante, la mayoría de “los enganchadores juegan más un papel de abuso que de apoyo o lealtad a sus trabajadores y de beneficio propio que de una validación de su función en la productividad y administración eficiente de la fuerza de trabajo” (García et al., 2006: 115).

En cuanto a la condición de precariedad en la que viajan los jornaleros, la mayor parte de los encuestados manifestó que viajaron entre 18 y 20 horas para llegar de Oaxaca a San Quintín, Baja California, sin que el camión se detuviera para que pudieran realizar las comidas correspondientes ni para ir al baño.

Otra característica que se encontró es que el tipo de relaciones que prevalece entre jornaleros y productores de San Quintín son relaciones al margen de la ley. Esto ha dado lugar a contratos incompletos, con lagunas, acuerdos poco claros con ambigüedades que deben ser resueltas mediante una negociación entre las partes o bien con los tribunales de justicia. ¿Qué consecuencia ha traído este tipo de contratos? Abusos hacia los jornaleros por parte de los mayordomos y apuntadores (ponchadores). Al no existir un contrato laboral formal es posible cambiar las reglas de juego en cualquier momento en favor del productor. Un ejemplo de esta situación nos la relató un jornalero encuestado: “el acuerdo con el fletero fue un pago de $180 pesos el día, pero a la hora del trabajo, el apuntador dijo que el pago iba a ser por rendimiento, es decir, por el número de botes de jitomate que alcanzara a llenar”.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas beneficiaba
a más de 49 mil personas en 103 municipios.

Pero si las condiciones de trabajo son precarias, las condiciones de vida son también de extrema precariedad en los campamentos. La mayor parte de las familias tiene sólo un cuarto que les sirve para dormir y comer. Los baños, los lavaderos y las regaderas son colectivos y no siempre el albergue cuenta con guardería. En los tiempos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) lograron que casi todos los albergues tuvieran guardería abierta desde las 5 de la mañana hasta que regresaran las mujeres de los campos.

Ante tantas irregularidades nos preguntamos ¿qué papel juega en todo esto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)? De acuerdo con información proporcionada por líderes sindicales de San Quintín, la STPS solo funge como mediadora entre jornaleros agrícolas y productores de hortalizas de exportación. En otras palabras, solo funge como conciliadora. Y, ¿qué acciones debiera tener la Secretaría del Trabajo? La STPS debiera salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, instrumentando una política laboral incluyente para todos los grupos desprotegidos. Por último, se debe decir que la STPS debiera avanzar en la erradicación del trabajo infantil, fortalecer y ampliar la cobertura de la inspección en materia laboral. Procurar que la recuperación del poder adquisitivo del salario esté vinculada al aumento de la productividad, entre otros.

Sin embargo, nada de lo anterior lleva a cabo la STPS.

Podemos concluir que una de las mayores dificultades para mejorar las condiciones de vida de la población jornalera migrante es sin duda el marco legal. A esto se suma la falta de datos censales que contribuye a crear enormes vacíos. Ante estas circunstancias urge la intervención de organismos que regulen el marco legal vigente, mejorándolo y adecuándolo a las circunstancias actuales. Es urgente atender a la población jornalera que vive la mayor parte del tiempo fuera de sus lugares de origen, o que en algunos casos ya no tienen un lugar de residencia fijo, ya que migra permanentemente de una región a otra para completar rentas mínimas a lo largo del año. •