Editorial

En noviembre pasado, cambió la directiva en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, luego de una notable y eficaz dirección por parte del Magistrado Luis Vega Ramírez, quien llevó a esa Asociación a realizar pronunciamientos y actos públicos nunca vistos para mostrar la relevancia de este gremio, denostado por unos y reconocido por otros.

El nuevo director, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, de amplia trayectoria y con reconocimiento nacional, expresó la necesidad de publicitar las constantes acciones de jueces y magistrados en favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La experiencia de resolver miles de asuntos al año da a tales funcionarios una perspectiva de la problemática social que debe compartirse con la sociedad y las demás áreas de gobierno.

Precisó: la Asociación es la única instancia general con la que contamos para hacer realidad el punto noveno de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1985.

Esta directiva tiene un año para continuar con la gran labor del magistrado Vega. Durante su dirección se dio una apertura mediática del gremio, impensada hace unas décadas, con lo que debe replantearse el papel social del juzgador: ¿es una entidad técnica o debe privilegiar el alcance social de sus resoluciones? ¿Sus sentencias deben seguir las políticas públicas de leyes y decretos, o pueden ser una tercera visión del estado mexicano, ajena a los poderes legislativo y ejecutivo? Un verdadero estado de derecho no existe sin juzgadores independientes. Rojas y sus colaboradores insistieron en la voluntad de los propios funcionarios de desterrar la corrupción. Sociedad y gobierno estarán atentos.

La necesidad de publicitar la debida impartición de justicia parece chocar con la posibilidad de que los juzgadores sean actores sociales directivos: el reto de Rojas y demás directivos no es menor.

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