El gobierno de México se comprometió a vincular a 10 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo a oportunidades de empleo formal, así como su integración al sistema bancario, lo anterior durante el Foro Global sobre Refugiados que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza.

Metas anunciadas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que en este encuentro internacional el gobierno, sociedad civil y empresas privadas mexicanas presentaron 28 compromisos para mejorar las condiciones de recepción, protección e integración de personas refugiadas, siendo una de las delegaciones con mayor número de metas anunciadas.

De acuerdo con este brazo de la ONU, los compromisos responden a los nuevos desafíos que enfrenta la región en materia de desplazamiento forzado de las personas provenientes, en su mayoría, de los países del Norte de Centroamérica y de Venezuela.

En este contexto, México se encuentra en un momento de transformación, al pasar de ser una nación de tránsito, origen y retorno de personas, a ser también un país de recepción de quienes huyen de la violencia y persecución, puntualizó el organismo.

Sobre los empleos formales ACNUR detalló que el compromiso se hizo por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En paralelo, las empresas Mabe y Palliser ofrecieron 350 puestos de trabajo cada una para personas refugiadas en los próximos tres años, Asimismo, Palliser también está invirtiendo en un centro de capacitación para personas con necesidad de protección internacional.

En tanto, Bancoppel ofrecerá servicios financieros a este grupo de gente promoviendo que sus sucursales acepten como identificación los documentos que expide el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los compromisos del Estado mexicano también incluyen garantizar el ejercicio a los derechos a la salud, la educación y el acceso a la justicia a personas refugiadas.

Garantizar el acceso a servicios de salud

Por ejemplo, el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), garantizará el acceso a los servicios de sanidad a personas refugiadas y solicitantes de asilo. En tanto, en coordinación con ACNUR, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores identificarán casos de jóvenes refugiados para proporcionarles becas universitarias en México a través de Proyecto Habesha, una organización de la sociedad civil mexicana.

En tanto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública aumentará el personal especializado, lo que permitirá que más personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia.