Nueva York. A Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública y el funcionario mexicano de mayor rango en ser llevado ante la justicia estadunidense, le fue negado ayer el derecho a fianza y permanecerá preso en Texas antes de ser trasladado a Nueva York para enfrentar cargos y un posible juicio por narcotráfico y corrupción.

García Luna se presentó, con grilletes en pies y manos, ante un tribunal en Dallas, donde el juez David Horan ordenó que permanezca encarcelado en Texas, sin derecho a fianza. Familiares del acusado, agentes federales estadunidenses y prensa binacional atestiguaron el inicio de un proceso sin precedente por tratarse de un ex integrante del gabinete de la Presidencia de México, así como interlocutor central de Washington en la llamada guerra contra las drogas.

Agentes del servicio federal de alguaciles prepararán su traslado –no se sabe la fecha exacta, pero podría ser en días o semanas– a Nueva York, donde enfrentará un proceso judicial ante el mismo tribunal federal de Brooklyn donde se realizó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Los fiscales federales en Nueva York ya habían presentado argumentos con el fin de que le negaran la libertad bajo fianza, al señalar que tanto por la fortuna multimillonaria proveniente de su asistencia corrupta al cártel de Sinaloa como sus amplias relaciones y tránsito repetido a México –detallaron que sólo este año viajó en por lo menos cinco ocasiones y realizó el último viaje a su país el 17 de noviembre– García Luna representa un riesgo de fuga.

Indicaron que “el acusado tiene vínculos con integrantes de alto nivel del cártel de Sinaloa en México, así como con ex funcionarios gubernamentales, quienes probablemente están dispuestos a asistirlo para huir de las fuerzas de seguridad pública estadunidenses y darle refugio en México.

Aunque el acusado no tiene un historial criminal, su historia personal y sus características exigen su detención, y demuestran que representa un riesgo de fuga, resumieron los fiscales.

En el documento presentado la semana pasada ante el tribunal federal en Nueva York para transmitir la posición del gobierno sobre las condiciones de detención de García Luna, los fiscales concluyeron: como ha demostrado la investigación en su contra, “el acusado dio prioridad a su avaricia personal sobre sus deberes como servidor público, y aseguró el éxito y seguridad continúa de una de las organizaciones de tráfico más notorias del mundo… él no tiene ningún respeto por la autoridad pública o el imperio de ley” y, por tanto, todo indica que no obedecería órdenes judiciales sobre su libertad bajo fianza.

El ex jefe de la Policía Federal (2001-2005) y ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012) bajo las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue acusado de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo de declaraciones falsas a autoridades estadunidenses por fiscales federales en Nueva York a principios de este mes. Con ello, se giró una orden de detención y García Luna fue arrestado por agentes federales en Dallas el lunes pasado [https://www.jornada.com.mx/2019/12/11/politica/003n1pol].

En la acusación formal se detalla que García Luna recibió sobornos por decenas de millones de dólares de representantes del grupo de Sinaloa a cambio de que “él permitiera que el cártel –una de las organizaciones criminales más grandes y más violentas del mundo– operara con impunidad en México”.

El acusado residía en Florida desde 2012, después de cumplir con su gestión como secretario de Seguridad Pública de México y encargado de implementar la estrategia antinarcóticos en el contexto de la Iniciativa Mérida.

El cuarto cargo en su contra, declaración falsa a las autoridades, es resultado de su solicitud para obtener la ciudadanía estadunidense en 2018. Aún no se sabe qué estaba haciendo en Texas cuando fue aprehendido.