Los programas de desalojo de calles y de reubicación en plazas comerciales como salida para ordenar el comercio informal no son opción, pues ha quedado demostrado con experiencias anteriores que no han funcionado, afirmó la diputada federal María Rosete, de Morena.

Al ser entrevistada consideró que para regular el comercio en la vía pública se requieren zonas especiales para su ejercicio, a fin de poner orden y dejar de criminalizar a los vendedores informales, pero sobre todo reconocerlos como trabajadores en el espacio público.

Dijo que todo lo que no está regulado es mal visto porque está en la ilegalidad, por eso se debe ver a este sector como parte de la clase trabajadora y dejar de perseguirlo con operativos en los que sufre vejaciones y el despojo de su mercancía.

Si no se encuentra una salida, este sector será cada vez más crítico y vulnerable. Al quitarle todo y dejarlo con los brazos cruzados, sobre todo a los jóvenes, sólo le dejan dos opciones: incorporarse a la delincuencia o emigrar, y a estas alturas la migración no es solución, ni les interesa, expresó.

Procedente de una familia de comerciantes, donde aprendió desde pequeña hasta convertirse en líder en Tepito, de donde es originaria, la legisladora ha llevado la representación de este sector a la Cámara de Diputados, donde promueve reformas constitucionales para que haya un reconocimiento jurídico a los comerciantes informales.

También refirió que desde que se convirtió en diputada federal ha promovido a nivel local una iniciativa ciudadana por conducto del consejo promotor, integrado por dirigentes y comerciantes en diferentes alcaldías, para regular esta actividad, que ya ha superado algunos escollos y se encuentra en comisiones para su análisis en el Congreso capitalino.

Ellos reunieron todos los requisitos, está avalada por una cantidad suficiente de firmas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que era viable. Sabemos que hay siete iniciativas, la nuestra y una más de carácter ciudadano, y cinco de los propios diputados, y no estamos negados a que se perfeccione y de todas salga una propuesta, puntualizó.

Apuntó que el plazo para que se dictamine es febrero, por lo que confió en que en el próximo periodo de sesiones en el recinto de Donceles y Allende, la Cuarta Transformación dé cumplimiento a un mandato de la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece que se debe regular a este sector.