hora también las cárceles son un medio de lucro, al menos en Estados Unidos. El sistema carcelario de ese país se ha convertido en un estupendo negocio para quienes lo explotan, con la aquiescencia de las agencias de gobierno responsables de su funcionamiento. En ciertos casos, a las pésimas condiciones de algunos reclusorios y las restricciones presupuestarias para su mantenimiento se agregan las desmedidas ambiciones de las empresas privadas que las administran; esta situación es aún más grave en el caso de los destinados a los detenidos por su condición de migrantes indocumentados.

El trato que en algunos de los reclusorios privados reciben familias enteras de migrantes indocumentados y el negocio de las empresas privadas que lucran con su manejo, fue objeto de una investigación conjunta de la organización Pro-Pública y el New York Times (3-12-2019) para conocer las condiciones en que viven quienes permanecen detenidos en esos sitios. La investigación reveló que a una consultora privada, que realiza estudios para aumentar la productividad, le fue encargado realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de dichas cárceles. En alguna de sus observaciones, la firma sugirió la necesidad de reducir el gasto en alimentos, medicinas y servicios de salud, para ahorrar y reducir el presupuesto destinado a su mantenimiento. Esas medidas de ahorro se complementan con la de acelerar los procesos de deportación para reducir la población en los reclusorios. La propuesta alarmó a algunos de los agentes migratorios y al personal encargado de atender las cárceles, quienes consideraron que dicha medida podría tener altos costos humanos. Incluso los propios integrantes de la firma consultora se preguntaron si les correspondía definir una política, que por ley incumbe exclusivamente al Ejecutivo.

Lo que a fin de cuentas reveló el estudio es que la incapacidad para aplicar una política migratoria congruente, cualquiera que ésta sea, se debe a la indefinición y los cambios constantes de opinión del presidente y sus asesores en esa materia, por lo que, en última instancia, son empresas privadas las que la deciden. Esto es grave, más aún porque está en juego la vida de miles de personas que esperan el fallo de los jueces para saber si son deportados en forma expedita, como lo sugiere el estudio o, a final de cuentas, cuál es la condición migratoria con la que podrán permanecer en la Unión Americana.