Diputados del Congreso local se excluyeron de ser sujetos obligados a entregar su información genética al Banco de ADN de uso Forense de la Ciudad de México.

También excluyeron a funcionarios del sistema penitenciario y operadores del transporte público. La justificación fue que estos grupos pudieran ser incluidos en un futuro mediante una reforma.

Ayer, en la última sesión ordinaria del pleno, se aprobó la Ley del Banco de ADN, que contará con los perfiles y muestras genéticas con la finalidad de esclarecer casos o investigaciones relacionadas con delitos sexuales.

La nueva legislación establece que el banco almacenará muestras o evidencias biológicas como indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar de los hechos que puedan constituir algún delito. Se alimentará con información de personas procesadas penalmente por cualquier delito, de prestadores de servicios de seguridad privada, de personas voluntarias y hasta del titular de la jefatura de Gobierno, así como integrantes del gabinete de seguridad ciudadana y procuración de justicia.

Si bien la Ley del Banco de ADN fue votada por unanimidad, diputados del partido del sol azteca advirtieron que en el presupuesto de egresos no se tiene contemplada una partida específica para la creación del banco.

La fiscalía recibió un aumento marginal a su presupuesto con respecto al del año pasado, aunado a eso tiene la responsabilidad de la transición de procuraduría a fiscalía, y le estamos dando la carga del banco de datos genéticos. Tenemos la obligación de decir cuánto va a costar lo que estamos dictaminando para que la Secretaría de Finanzas tenga el presupuesto y la autorización de gasto que no hicimos en este año, dijo el diputado Jorge Gaviño.

En otro tema, de último momento, el diputado Temístocles Villanueva pidió enviar el dictamen sobre infancias trans al pleno del Congreso para su discusión. Esta reforma permite que niños y adolescentes soliciten su cambio de género ante las autoridades. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política rechazó la solicitud, por lo que la reforma será analizada posteriormente.

El próximo periodo ordinario de sesiones se iniciará el primero de febrero.