Frente a los índices de inseguridad y recurrencia de los delitos de robo en transportes de pasajeros y de carga, prevalecientes desde hace más de una década, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para dar dientes a la estrategia interinstitucional que enfrente ese flagelo que tiene en vilo a los 75 millones de personas que cada mes utilizan la red nacional de carreteras.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), levantada en 2018, reveló que 65 por ciento de la población masculina encuestada dijo sentirse insegura en las carreteras; por otro lado, cerca de 70 por ciento de las mujeres en ese estudio mencionaron sentirse inseguras en las carreteras. El estudio también arroja que 21 por ciento de la población encuestada habría dejado de viajar por carretera a otro estado o municipio debido a la inseguridad.

Así, la iniciativa, elevada a la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el priísta Guillermo Angulo, destaca que desde 2012, se han reportado violentas agresiones, las cuales han vulnerado la seguridad de las mujeres. No sólo se ha tratado de asaltos para despojar de los bienes y pertenencias a los pasajeros; las bandas y delincuentes han violado a las pasajeras de manera salvaje.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que de enero de 2013 a noviembre de 2017 se cometieron 14 mil 974 robos en carreteras, de ellos 12 mil 504 fueron con violencia. Los camiones de carga tienen un registro de 6 mil 30 delitos; le siguen los vehículos particulares (mil 378) y los autobuses de pasajeros (mil 104).

Las Estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común establecen que la zona de más alto riesgo en el robo de autotransporte se ubica en la ruta estado de México-Puebla-Veracruz. Las entidades con mayores índices delictivos son Querétaro, Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México.

Revocación de concesiones

Por tanto, el proyecto de refor­mas y adiciones plantea la revocación de concesiones y permisos si los concesionarios de autobuses de pasajeros no aplican medidas con perspectiva de género para proteger la seguridad personal.

Se coloca como elemental ­condición proporcionar capa­citación a conductores de autobuses para lograr que la prestación de los servicios garantice la seguridad personal de los pasajeros observando la perspectiva de ­género. Instalar medios que garanticen la seguridad de las personas donde los autobuses cuenten con botones de emergencia de enlace inmediato a los cuerpos de seguridad que adviertan de la posible comisión de delitos que vulneren a las personas, así como otras herramientas tecnológicas para prevenir la comisión de conductas delictivas, que sean de fácil utilización, tanto para pasajeros como para operadores.

Códigos de respuesta rápida

La iniciativa considera poner a disposición de los pasajeros, al momento de abordar los autobuses, códigos de respuesta rápida o los que puedan surgir en el futuro conforme al avance de las nuevas tecnologías, de manera que los usuarios cuenten con la información de su viaje y datos de identificación del conductor o conductores capacitados para prestar el servicio de manera segura y eficaz, las rutas que seguirán y demás información útil que permita traslados seguros, así como señalar como obligación de los concesionarios la protección de los usuarios no sólo por daños derivados de la circulación de los vehículos, también por aquellos que se den por la vulneración de su integridad y seguridad personal, además de establecer que la garantía cubra la reparación del daño en caso de cualquier delito que vulnere la seguridad personal de los pasajeros.