En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el país ocurrieron 17 casos de ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos como represalia por su labor, la mayoría de las cuales tuvieron lugar en estados del sur y sureste de la República, señaló un informe elaborado por el Comité Cerezo México (CCM).

De acuerdo con dicha organización, del 1º de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 fueron asesinados cinco activistas en el estado de Chiapas, cuatro en Oaxaca, dos en Guerrero, dos en Veracruz, uno en Morelos, uno en Hidalgo y otro en el estado de México.

Como había adelantado La Jornada (8/12/19), la cantidad de ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales registró una tendencia a la baja en lo que va de la actual administración, con respecto al último año de Enrique Peña Nieto.

En el texto del informe, que comenzó a circular desde ayer, el CCM indicó que el número de asesinatos de activistas mostró una disminución significativa en comparación con los 41 casos que se documentaron en 2018.

Sin embargo, la cifra es más alta que la registrada en los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón, que fue de tres casos en 2007; seis en 2008; cuatro en 2009 y 11 en 2010.

El Comité Cerezo México enfatizó de manera especial que en sus informes incluyen únicamente los casos de ejecuciones ­extrajudiciales –es decir, ­asesinatos en los que hubo participación de ­agentes del Estado– cometidas como una represalia directa contra los ­activistas por su labor de defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el análisis, de los 17 episodios de ejecuciones extrajudiciales documentadas en el primer año de la administración de López Obrador, en 10 casos el ­beneficiario de dicho crimen serían gobiernos municipales; en seis, gobiernos estatales, y en uno –el del activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos–, el gobierno federal.