finales de noviembre, el presidente Donald Trump dijo en el programa de Bill O’Reilly que estaba trabajando para designar cárteles de la droga en México como grupos terroristas. Un poco más de una semana después, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, llegó a México. Se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los integrantes del gabinete de seguridad.

Luego de la reunión en México, Trump mandó un tuit diciendo que todo estaba listo para designar a los cárteles como grupos terroristas, pero que se iba a detener de forma temporal, respetando la solicitud del Presidente de México. Al parecer, el tema se ha enfriado. Pero designar a grupos terroristas es algo que Washington puede hacer de forma unilateral, como ha hecho con decenas de grupos a escala internacional.

Vale la pena considerar las implicaciónes de dicha designación, que se ha desactivado por el momento, pero que sigue latente. Lo único que le ofrece el paradigma de la guerra contra el terror a México es más violencia, advierte doctor Sondre Lindahl, experto en terrorismo en la Universidad de Østfold, Noruega.

Designar a los cárteles como grupos terroristas permitiría a Estados Unidos tratar a personas que trabajan o apoyan a tales grupos como combatientes ilegales. Eso significa que pueden ser mandados a la bahía de Guantánamo, ya que no tienen derechos como seres humanos, dice Lindahl. Y agrega que ello abre las posibilidades de lo que Estados Unidos pueda hacer a estas personas, sin ninguna vigilancia o revisión jurídica, porque son terroristas.

No olvidemos que Trump dijó durante su campaña electoral que estaba de acuerdo con que se mate o aplique técnicas de tortura, como el ahogamiento simulado (conocido en México como tehuacanazo) para interrogar a familiares de personas consideradas terroristas.

La posibilidad de que mexicanos sean torturados por agentes de Estados Unidos en Guantánamo o en cárceles clandestinas es una faceta de lo que implicaría esa designación, según dijo el experto en entrevista telefónica.

Pese a que duda que tropas estadunidenses entren abiertamente a México en plan de intervención, señala que una designación terrorista a los cárteles sí abrirá la posibilidad de más operaciones encubiertas. La probabilidad de usar drones u operaciones clandestinas que siempre han hecho, creo que es mucho más probable, que hay más probabilidad que estarían involucrados o tendrían el derecho de realizar ciertas operaciones en México.

La designación de cárteles como grupos terroristas se complicará por la porosidad de dichos entidades y las instituciones públicas, que a veces son las mismas que han recibido grandes cantidades de dinero de Washington para combatir el narcotráfico. Las acusaciones contra Genaro García Luna y Tomás Yarrington nos dan muestras claras del caso.

El lunes 9 de diciembre, García Luna fue detenido en Dallas, Texas. Es acusado en una corte en Nueva York de haber conspirado para traficar y distribuir cocaína antes y después de fungir como Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. El Departamento de Justicia de EEUU alega que recibió sobornos millonarios a cambio de garantizar impunidad para el cártel de Sinaloa en el país.

Durante años, periodistas mexicanas y mexicanos han documentado como el entonces jefe de la Policía Federal ha conspirado con el crimen organizado. Y eso sucedía mientras mandaba la Policía Federal a hacer la guerra contra el pueblo mexicano. Es decir, los crímenes de García Luna podrían ser crímenes de guerra, pero un proceso judicial que se enfoca sólo sobre el tráfico de drogas lo podría terminar encerrando por cinco kilogramos de cocaína, sin que lleguemos a escuchar su testimonio con respecto a crímenes mucho más graves.

Otro ejemplo es la dificultad de llevar a cabo el juicio contra Tomás Yarring-ton, ex gobernador de Tamaulipas, encarcelado en Texas. La acusación en su contra lo liga con los Zetas y también con el cártel del Golfo, mostrando cómo ayudó a organizar el flujo de sustancias prohibidas a cambio de dinero. Gran parte de ese negocio se hizo en efectivo, pero también invirtió en casas y avionetas y depositó dinero en bancos.

El caso del ex gobernador de Tamaulipas ya ha sido retrasado seis veces. Les cuesta, y les va a costar, a políticos y bancos de ambos lados de la frontera cuando salga a luz pública lo que todos sabemos: los cárteles no operan sin la cooperación muy cercana con el poder público y financiero.

Que quede claro: las maletas de dinero “del narco” se ganan a través de masacres y desapariciones, en las cuales han participado agentes estatales y paramilitares. He argumentado que esa violencia es funcional a los intereses de Washington y de grandes capitales, por que debilita la capacidad popular de rebelarse contra la sobrexplotación, el extractivismo y la violencia cotidiana.

Al terminar la entrevista con Lindahl, el investigador lanzó una pregunta: ¿Necesita México más violencia para solucionar el problema de las drogas? A estas alturas la respuesta es obvia.

* Periodista canadiense, autora de Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo