La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el caso del ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez Reyes, hay un trabajo puntual de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

En su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que no se trata de un asunto político, sino penal por realizar funciones que no le correspondían y con el manejo de recursos durante 2017.

Lo que hay es un trabajo de la Contraloría, que si encuentra algo que tenga que ver con alguna denuncia penal lo presenta en la Procuraduría, que hace su trabajo, y el juez es el que decide si hay orden de aprehensión o no.

Agregó que en el gobierno de la ciudad no se tolera la corrupción y tiene que haber justicia en los casos en donde se compruebe, por parte de las autoridades de procuración de justicia, que se incurrió en dicha práctica.

Recordó que parte de las irregularidades cometidas por Vásquez Reyes tienen que ver con la creación de plazas, lo que se denunció al empezar su sexenio.

Más allá de la participación de él o no, sí se crearon plazas particulares para pagar favores políticos que se hicieron durante la campaña de 2018, y para que no pesara en el presupuesto de 2019 se desaparecieron todas esas que además habían sido ilegales porque no estaban dadas de alta en el Issste, refirió.

En el Congreso capitalino, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, descartó que el amparo que obtuvo el subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la pasada administración le sirva para evitar su posible ingreso a prisión, oficiosa o justificada, según lo pueda determinar el juez, como en el caso de los otros dos funcionarios implicados.

Dijo que si bien desconoce el alcance del recurso, normalmente es para efecto de revisar que los procedimientos se dieron de forma adecuada y, por lo general, no se llega a otorgar la suspensión de forma definitiva.

En entrevista aparte, la secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, descartó cualquier posible arreglo extralegal con Vásquez, dado que su cónyuge, Paula Andrea Castillo Mendieta, diputada del PRD en el Congreso capitalino, ha tenido algunos acercamientos con Morena y se ha alineado incluso a votaciones en las que su partido se ha pronunciado en contra, como recientemente ocurrió con la Ley de Planeación.

No es un tema político, este en un tema penal, es un tema de corrupción y habrá que esperar a ver cuáles son los resultados de las investigaciones, cuál es la posición de la Procuraduría y de los jueces, señaló.