La Paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó ayer de masacre la represión que sufrieron en noviembre opositores al gobierno de facto de Bolivia en dos poblaciones, y elevó a 36 el número de muertos y a más de 800 el de heridos por la crisis política, que empezó luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El reporte fue rechazado por el régimen golpista encabezado por Jeanine Áñez.

Luego de una visita al país andino, la CIDH reportó que en Sacaba, en el centro del país, y Senkata, en la zona oeste, las manifestaciones en rechazo al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales fueron reprimidas por fuerzas policiales y militares los días 15 y 19 de noviembre con saldo de 19 muertos.

La instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntó que existen diferentes versiones sobre la forma en que ocurrieron los hechos, pero admitió que numerosos testimonios que recibieron son consistentes en cuanto a que los 10 manifestantes de Sacaba que murieron durante la represión estaban desarmados, avanzaban pacíficamente y fueron agredidos de repente.

También detalló que en Senkata fallecieron nueve personas por impacto de bala cuando un grupo de partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, mantenía un bloqueo a una planta de hidrocarburos.

La comisión indicó que hasta el 27 de noviembre había tenido noticia de las 36 muertes y los más de 800 heridos en Bolivia. En su reporte, aconsejó la creación de un grupo internacional de expertos independientes con garantías de autonomía para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

El ministro de facto del gobierno boliviano, Arturo Murillo, denunció que el informe es totalmente sesgado y no refleja la realidad; añadió que favorece al narcoterrorismo, término que el Ejecutivo golpista utiliza para referirse a grupos de campesinos cocaleros que se mantienen leales a Morales.

La actual crisis en Bolivia se desató luego de las elecciones del 20 de octubre en las que Morales se religió para un cuarto mandato. La oposición denunció fraude y el presidente invitó a la OEA a realizar una auditoría a los comicios y ofreció la garantía de que el resultado sería vinculante. El organismo hemisférico apenas revisó 226 actas de un total de 34 mil, y eso le bastó para avalar las acusaciones, tras lo cual el líder indígena de inmediato convocó a celebrar otra jornada electoral.

Sin embargo, Morales, primer mandatario indígena del país, dimitió el 10 de noviembre luego de que la cúpula militar le sugirió que renunciara. Recibió asilo en México, y actualmente se encuentra en Cuba en revisión médica; se sabe que viajará a Argentina antes de volver a México.