La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero detectó que 22 ex alcaldes emanados de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano no comprobaron el destino de 413 millones 335 mil pesos de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente a 2018. Una de las alteraciones financieras detectadas es que algunas alcaldías pagaron obras que no fueron ejecutadas, señaló.

La dependencia dijo que la falta de documentación comprobatoria corresponde al periodo que va del primero de enero al 29 de septiembre del año pasado y se trata de recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso del estado, que encabeza Jesús Villanueva, explicó que estas irregularidades representan al menos 25 por ciento de los mil millones 784 mil 283 pesos de recursos fiscalizados que ejercieron los alcaldes durante 2018 para programas de obras sociales.

La ASE ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por daños al erario contra los ex alcaldes que más recursos públicos han dejado de comprobar, por ejemplo, los más de 90 millones de pesos cuyo uso no ha podido explicar el ex edil panista René Morales, quien gobernó Tecoanapa.

En la lista de ex ediles que no han comprobado el destino de recursos destacan cuatro: Leticia Bautista Vargas, del municipio de Azoyú, en la región de la Costa Chica; Nicolás Diego Herrera, de Alcozauca; Felícitas Muñiz Nava, de Mártir de Cuilapan, y René Morales Leyva, de Tecoanapa.

Inhabilitan a 48 ex funcionarios michoacanos

En Michoacán, 48 ex funcionarios públicos que laboraron en los cuatro sexenios recientes fueron inhabilitados por no haber comprobado el destino de recursos públicos; entre ellos está Miguel López Miranda Contreras, quien fue tesorero en la administración de Salvador Jara Guerrero, informó el contralor del estado, Francisco Huergo Maurin.

Dijo que Miranda presentó dos recursos de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron rechazados, por lo que tendrá que aclarar el destino de 572 millones de pesos. Todos los expedientes causaron ejecutoria. Estos ex funcionarios ya hicieron uso de los recursos legales que tuvieron a su alcance, desde el juicio de nulidad hasta el amparo, informó el contralor.