Cinco días después de la ejecución de Abril Cecilia Pérez Sagaón, su ex esposo salió del país y cruzó a pie la frontera hacia Estados Unidos (EU) por la garita de Tijuana, Baja California, que colinda con San Diego, California, revelan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la búsqueda, localización y detención que permita la extradición de Juan Carlos García Sánchez.

Las indagatorias de la PGJ determinaron que Abril fue asesinada por un solo tirador, quien le disparó desde una motocicleta que se emparejó con el vehículo en que se trasladaba rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Monterrey, Nuevo León.

Además, la Policía de Investigación sigue la pista de otro automóvil que aparentemente se coordinaba con el presunto asesino material, cuando la seguían de cerca y dieron alcance a Abril Cecilia en el cruce de la calle Corina y Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, Coyoacán.

El ex esposo, principal sospechoso de la autoría intelectual de la ejecución de la mujer, incumplió con los beneficios legales que le otorgó el juez de no abandonar el país y de presentarse a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares para seguir su proceso en libertad, lo que debió hacer el 8 de noviembre, luego de que se reclasificó el delito de feminicidio por los de violencia familiar y lesiones.

La PGJ solicitó a un juez una orden de captura por el incumplimiento de las medidas cautelares que le fueron otorgadas y pidió la emisión de la ficha roja. Además, García Sánchez tampoco se presentó en la audiencia a la que estaba citado desde la semana pasada y en la que se definiría la reclasificación del delito de violencia familiar por el de feminicidio.

La ex pareja de Abril Cecilia logró retrasar la audiencia al cambiar por octava ocasión de equipo de abogados, pidió la suspensión condicional del procedimiento y envió una carta al juez en la que dijo que temía por su integridad.

La procuradora general de Justicia, recién nombrada por el Congreso local fiscal general, dijo que la dependencia a su cargo mantiene la queja ante el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos en contra de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como del magistrado Héctor Jiménez López, por emitir resoluciones sin perspectiva de género.