En una mesa de diálogo convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Enrique Andrade González, directivos del instituto, académicos y representantes de organizaciones de mexicanos en el extranjero plantearon que el Congreso de la Unión apruebe la figura de diputado migrante.

Hemos sido relegados de la vida pública del país, indicó Juan José Corrales, presidente de Iniciativa Migrante. Y por Casa Puebla, Jaime Lucero sostuvo que los migrantes no se pueden defender en el Congreso porque no hay representación de los nuestros aquí.

Durante la mesa Acciones a favor de la representación política de la comunidad migrante en México, los participantes lamentaron que la legislatura de la Ciudad de México aprobó suprimir a los diputados migrantes en la Constitución local.

¿Es suficiente para negarles un derecho, argumentar alto costo del voto o baja participación de los migrantes? Creo que no. La co­munidad migrante es un grupo subrepresentado y no debe haber decisión importante que no los tome en cuenta, planteó Andrade González, también presidente de la comisión temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero.

Logro derribado

El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Bayados, sostuvo que se echó abajo en la capital del país un logro que permitía a los migrantes ser votados. Esto, agregó, atenta contra el principio de progresividad del artículo 1º constitucional.

Consideró que a los legisladores corresponde romper el círculo vicioso de que, como votar es difícil, no votan tantos y parece que no tienen interés, entonces no es necesaria la representación en el Congreso.

La consejera electoral en la ciudad Miriam Alarcón Reyes refirió que la reforma de la legislatura capitalina aún debe ser publicada en la Gaceta Oficial y resaltó que la figura de diputado migrante en la capital provenía de la reforma de 2017 y se eliminó pese a que es la cuarta expulsora de migrantes, después de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

César Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la anulación de la posibilidad de representación política de los migrantes como una decisión abiertamente inconstitucional y contraria al derecho convencional vigente, que nulifica los derechos políticos de las personas y vulnera uno de los principios claves de los de­rechos humanos: la progresividad.

Corrales concluyó que la decisión de la legislatura local deja ver un acto de regresión democrática.