os próximos 14 y 15 de diciembre se efectuará la fase final de la meteórica consulta organizada por el gobierno federal en torno al Tren que llaman Maya. Son varias las consideraciones de fondo que permiten sustentar las irregularidades de dicho proceso. En primer lugar, se realiza una supuesta consulta sólo sobre un proyecto de tren, pese a las múltiples evidencias de que se trata de un plan que entraña más que un tren y que implicará la construcción de polos de desarrollo inmobiliario y turístico en torno a las estaciones que se tienen previstas en el trayecto por cinco entidades: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

A lo largo de un año de manera principal Fonatur con auxilio de la Procuraduría Agraria han realizado gestiones y presiones frente a los ejidos que deberían aportar tierras para dichos polos, inclusive han declarado ambas dependencias que ya han aceptado más de 90 por ciento de los ejidos involucrados. También han manejado la propuesta de que sean parte de los fideicomisos que al efecto se formarán y así sean inversores en lugar de vender su tierra. En la lógica de medias verdades han enunciado en la convocatoria a la llamada consulta que el proyecto busca el desarrollo integral del sureste de México y la península de Yucatán a partir de ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, desarrollo económico inclusivo, bienestar social y la protección del patrimonio tangible, intangible e identidad histórica de los pueblos de la región. No hay evidencias de tales derroteros.

Así, tenemos que en su primera fase, llamada informativa, han realizado su fórmula de reuniones regionales, a finales de noviembre, donde han explicado a los asistentes, a quienes denominan genéricamente autoridades, las bondades del tren.Sin condiciones para diálogos y acuerdos, como señalan, para definir reparto de beneficios. No se han difundido estudios de impacto ambiental o dictámenes en torno a los sitios arqueológicos de la zona. Supuestamente, durante las siguientes dos semanas dichas autoridades deliberarían con sus comunidades para manifestar su postura los días 14 y 15 de diciembre.

Un elemento central de la estrategia gubernamental para asegurar el sí o sí al tren, es la definición del sujeto de derecho destinatario de la consulta indígena, se les convocó y se agregó: Así como a la ciudadanía en general de dichos estados, a participar en el proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano.

En consecuencia, “las comunidades indígenas podrán participar en ambas consultas, como etnia (sic) y como ciudadanos, dijo el titular de Fonatur ( Reforma, 29/11). Por su parte, Arturo Abreu Marín, delegado federal en Quintana Roo, señaló: Quienes asistan a la consulta pública que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas realizará por el Tren Maya tendrán que radicar en la comunidad a consultar, sin importar si son indígenas o personas de ojos azules.

Es importante detenerse en la implicación de este criterio. Costaron muchos años de lucha de los pueblos indígenas de todo el mundo el lograr el reconocimiento de derechos colectivos como pueblos, independientemente del paradigma de los derechos individuales de las personas. Están plasmados en instrumentos internacionales. Para el caso, el pueblo maya tiene su territorio en las cinco entidades de la ruta del tren; es en esa zona donde están asentados los cimientos ancestrales de su cultura, los vestigios arqueológicos y los ecosistemas que han dado sustento a su relación con la naturaleza. Es a las autoridades indígenas, no a las ejidales y a la ciudadanía en general, a quienes debería consultarse de manera central y con quienes de manera realmente previa debieron acordarse los términos e implicaciones del proyecto.

La estrategia ciudadana está en curso, los integrantes de Morena y los gobernadores promueven la participación por el sí porque dicen que el tren lo promueve su Presidente y traerá empleos y progreso al sureste. Evidentemente los criterios de cómputo serán cuantitativos. ¿Una comunidad es un voto y una persona otro? Algunos colectivos, organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y comunidades mayas están definiendo el rechazo al proyecto. Lo consideran una burla y tienen sólidos argumentos, no estamos ante una consulta previa, libre, informada ni culturalmente pertinente y seguramente desplegarán recursos jurídicos y de resistencia a su alcance, pero se enfrentan a un gobierno que como el federal ejerce un uso desproporcionado de su fuerza política con el apoyo de los gobernadores. Para ambos casos habrá una sola pregunta: ¿Va el Tren Maya, sí o no? Quienes han considerado genuina la voluntad de escuchar a los pueblos indígenas no imaginaron que se preparaba la estrategia del Tren Maya sí o sí. O con sus traducciones epocales: Va porque va y me canso ganso. Ojo, que también los pueblos se cansan.