Como en gran parte del país, la Ciudad de México se ha visto inmersa en una ola de inseguridad que ha generado que miles de personas se encuentren en situación de víctimas sin que hasta la fecha se haya garantizado el cumplimiento de sus derechos.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) se agudizaron la violencia y la inseguridad en la capital, particularmente en los tres últimos años de ese periodo, que representan el trienio más violento en la historia reciente de la ciudad, refiere la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Los agraviados y sus familiares no sólo experimentan de primera mano esta violencia, también se enfrentan a la indiferencia, inercia, incompetencia o negligencia de las autoridades que deberían protegerlas y atenderlas. Sin embargo, la Ciudad de México sigue caracterizándose por ser una de las entidades con mayor rezago en la implementación de la Ley General de Víctimas.

El informe ¿Ciudad de los Derechos? Diagnóstico sobre víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos en la Ciudad de México, elaborado por Idheas, presenta cifras y casos de años recientes que documenta el aumento de agravios a las garantías fundamentales en la capital y la situación de inseguridad.

El análisis muestra que en la Ciudad de México hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; además, en la pasada administración creció la incidencia delictiva, en particular el feminicidio, homicidio doloso y el secuestro.

Se destaca que el gobierno de Mancera maquilló cifras en materia delictiva, como lo refirió hace poco la titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy, quien presentó un reporte de expertos de la ONU y personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revisaron 194 mil 479 expedientes de la dependencia, donde se detectó que en 2018 el registro de ilícitos de alto impacto pasó de 32 mil 506 a 56 mil 532 casos, lo que equivale a 73.9 por ciento más de lo reportado.

También entre enero y octubre de 2019 se reportaron oficialmente mil 119 homicidios dolosos, de los cuales 110 víctimas fueron mujeres, 50 feminicidios y 160 secuestros.

En la Ciudad de México sigue sin atenderse a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Es la penúltima entidad federativa con el mayor retraso en la implementación de la Ley General de Víctimas. Preocupa la falta de compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con las víctimas, señalan los autores del reporte.

Muestra de eso, agregaron, es que del proyecto de presupuesto 2020 que el Ejecutivo local presentó al Congreso local no ha incluido un recurso para crear el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, necesario para la aplicación de la Ley General de Víctimas para la Ciudad de México.

Convertirse en una ciudad de derechos requiere de la atención prioritaria de las personas que han resultado más afectadas, esperamos que el gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local atiendan las legítimas demandas de las víctimas por la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, concluyó Jérémy Renaux, subdirector de Idheas.