El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, impulsa una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear medidas de protección a mujeres víctimas de violencia durante procesos judiciales.

Propone que jueces y magistrados observen la perspectiva de género como principio rector de todas sus actuaciones y decisiones, y cuando se trate de casos que involucren cualquier modalidad de violencia contra la mujer, deberán actuar con tal diligencia para disponer de protección a las víctimas, garantizando su vida e integridad física.

Responsabilidad penal y administrativa

Monreal precisa en su iniciativa que en caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que marca la legislación conducente.

El Consejo de la Judicatura deberá fomentar el estudio, conocimiento y observancia del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, deberá expedir un protocolo de perspectiva de género que se aplique a todo el Poder Judicial de la Federación.

Abunda en su iniciativa que, a pesar de los esfuerzos, persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres, debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el aparato jurisdiccional.

El senador afirma que con su propuesta se busca disminuir el índice de feminicidios en el país y hacer frente a este grave flagelo que afecta tanto al país, mediante una mayor sensibilidad del aparato judicial y el establecimiento de medidas preventivas y no sólo sancionatorias.

Incremento en la violencia

Monreal señala en su propuesta que en México se ha presentado un incremento exponencial de violencia contra las mujeres en los años recientes. En 2018 ONU Mujeres denunció que en el país al menos seis de cada 10 féminas han enfrentado violencia; el 41.3 por ciento ha sido víctima de violencia sexual, y en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día.

Abunda que es inaplazable redoblar esfuerzos para procurar el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de las mujeres en materia penal y robustecer el funcionamiento del aparato de justicia en favor de ellas.