or décadas, investigadores y grupos defensores del medio ambiente y la salud han insistido ante las autoridades mexicanas sobre la necesidad de reducir y/o eliminar el uso de numerosos agroquímicos que por su alta peligrosidad están prohibidos en otros países. En lograr lo anterior, se caminó a paso de tortuga, pese a las pruebas que existen mundialmente sobre los males que ocasionan dichos ­productos.

En especial la lucha se centró en eliminar los que integraban la docena sucia. Entre ellos, uno de origen industrial (policlorobifenilos con más de 200 congéneres), dos subproductos industriales (dioxinas y furanos) y nueve plaguicidas. Todos tóxicos, persistentes y bioacumulables que se encuentran en el aire, el suelo y el agua en cantidades que ocasionan efectos adversos en la salud y el ambiente. A ellos se agregan otros igualmente tóxicos utilizados en el agro mexicano. Con el agravante de que entran de contrabando por la frontera sur: DDT, aldrin, clordano, dieldrín, endrín, heptacloro,hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, lindano, alaclor, paraquat, metamsodio y metamidofos, bromuro de metilo, endosulfán. Además, el glifosato, herbicida elaborado por la empresa alemana Bayer y al que tantas veces me he referido aquí.

Hace unos días el gobierno mexicano negó el ingreso de mil toneladas de dicho compuesto y prohibió otros que por su peligrosidad debieron cancelarse en 2015. Corrieron igual suerte otros 220 elaborados por empresas trasnacionales y locales.Todo indica que las actuales autoridades al fin van a proteger la salud pública y el medio ambiente con la prohibición del uso de numerosas sustancias químicas en el agro. Eso informó en septiembre pasado Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Aseguró que ahora la prioridad es obtener alimentos agroecológicos donde se eviten tales sustancias. En el medio rural del país se utilizan alrededor de 360 compuestos químicos.

Hace un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación relativa a la violación a las garantías de una sana alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento del Estado de no restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en perjuicio de la población. Esta recomendación dio como fruto que el gobierno federal integrara una mesa de trabajo de la que hacen parte la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como investigadoresy organizaciones sociales.

De lo que se trata es de aprobar una legislación de avanzada sobre los agroquímicos, tal y como la tienen los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)y no ser más patio trasero de las trasnacionales que los elaboran. En todos estos logros han jugado un papel clave las organizaciones y los especialistas que llevan décadas luchando por un ambiente libre de sustancias tóxicas y peligrosas.

En 1988 la editorial Océano, de don Andrés León Quintanar, publicó Naturaleza muerta, obra donde mostré con datos muy precisos lo que pasaba con los plaguicidas en México y el daño que estaban causando. Lo reditó luego la CNDH en tiempos de los doctores Jorge Carpizo y Fernando Cano Valle. Mas lo ignoraron los funcionarios.Por fortuna, se sumaron a esa labor pionera organizaciones como Ambiente y Salud, de la doctora Lilia Albert; Fronteras Comunes, de Marisa Jacott; Greenpeace; La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, Guadalupe Ponce y la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas y Elena Kahn, de Guerreros Verdes.

Después de más de 10 años de trabajo, el actual Consejo de Salubridad General anunció la elaboración de una política nacional integral para la gestión de sustancias químicas, a fin de acabar con su manejo inadecuado y evitar impacto a la salud y al ambiente. Elaborar una nueva legislación sobre el tema es tarea de dicho consejo, otras instancias públicas y legislativas, el sector privado y laboral, los especialistas y las organizaciones sociales. Ojalá no quede en promesa.