a semana pasada se efectuó el segundo acto del largo drama –farsa para algunos, tragedia para otros– en que se ha convertido el proceso que se sigue al presidente Trump para determinar si es culpable o no del delito de chantaje y abuso de poder por haber solicitado a su contraparte de Ucrania que investigara a un oponente político, a cambio de la entrega de ayuda militar autorizada por el Congreso de Estados Unidos. Conforme avanzó la investigación, a esos delitos se añadió el de obstrucción de la justicia, debido a que el jefe de la Casa Blanca se ha negado a proporcionar la documentación que los legisladores le solicitaron y prohibido asistir a un sinnúmero de sus colaboradores convocados para que atestigüen ante los comités de Inteligencia y de Justicia de la Cámara de Representantes.
En esta ocasión, los testigos que acudieron al llamado del Comité de Justicia fueron especialistas en cuestiones constitucionales, todos ellos distinguidos profesores de las más prestigiadas instituciones de educación superior de Estados Unidos. Lo evidente desde el principio de la sesión fue que esta fase del proceso estaría determinada por el barroco y resbaladizo terreno de interpretar la Constitución. Durante horas los especialistas ofrecieron su punto de vista sobre lo que la Carta Magna de ese país prevé en relación con el chantaje, abuso de poder y obstrucción de la justicia, y lo que los fundadores de la nación querían o intentaron decir sobre cada uno de esos conceptos. Lo único claro es que no hay consenso al respecto.
Lo que en último término pudiera suceder es que, después de un largo peregrinar por los laberintos del sistema legal, sea la Suprema Corte de Estados Unidos la que interprete lo que quisieron decir quienes escribieron la Constitución hace más de 200 años.
Lo nuevo es la importancia que los tiempos tienen para los actores del drama. Al parecer, es en este terreno que demócratas y republicanos han decidido jugar sus cartas, para medir el impacto que en los electores tienen las acusaciones contra el presidente, que los segundos insisten en negar. Los demócratas consideran que tienen suficientes evidencias para iniciar el juicio en el Senado, aunque no descartan la posibilidad de llamar a otros testigos y ahondar en las investigaciones; saben que corren el peligro de hartar al electorado con más y más investigaciones o de que el presidente aparezca como blanco de una conspiración en su contra. Consciente de esa situación, Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes, solicitó al Comité de Justicia que para hoy presente ante el pleno los artículos sobre los que se fincará la responsabilidad del presidente en los delitos de que se le acusa.
Los republicanos insisten en lo ilegal, parcial e incompleto en el proceso de la investigación. Esgrimen que no se ha permitido al presidente defenderse y que se debe llamar a los testigos que él propone para su defensa. Lo curioso es que el propio mandatario se ha negado a que sus colaboradores participen en el proceso, que son los que en primer término pudieran defenderlo.
Después de presenciar este drama, una vez más se puede constatar que, al margen de lo que se decida en el proceso en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, a final de cuentas parece que el asunto se resolverá en noviembre próximo en las urnas.
Tal vez muchos estadunidenses no se hayan percatado, pero pareciera que a la que se sentó en el banquillo de los acusados fue a la democracia misma. De seguir por ese camino, existe el riesgo de que los electores se den cuenta de ello y opten por ausentarse de las urnas. Peor aún, podrían considerar que un gobierno despótico sea el único que podría acabar con esos dramas y desacuerdos y poner orden en la política y sus desvelos. Cuando Montesquieu expresó su admiración por la naciente democracia, nunca imaginó que se convirtiera en tan lamentable tragicomedia.
