La subcontratación ilegal provoca anualmente una evasión al fisco y a los institutos de seguridad social de 500 mil millones de pesos. Además, severos perjuicios económicos a 8 millones de trabajadores, quienes son despojados del derecho al reparto de utilidades y a una pensión digna, asegura el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, autor de la controvertida iniciativa en la materia, la cual quedó pendiente de discusión para el año próximo.

Resaltó que lo anterior son cálculos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues cientos de empresas acuden a esa práctica que les permite no pagar los impuestos que les corresponden e incumplir con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque el propio coordinador de Morena y presidente de la junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monreal, promovió que el dictamen con las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobado ya en comisiones, no pasara al pleno y se abriera una sesión de parlamento abierto para enero próximo, otros legisladores morenistas no están de acuerdo.

Principal problema del IMSS: Martínez Cázares

El ex director del IMSS Germán Martínez Cázares resaltó que se debe reglamentar sin demora la subcontratación, ya que el principal problema de ese instituto no es la falta de medicinas, equipo, personal o la mala administración, sino el outsourcing.

Calculó que, mediante la práctica de inscribir a trabajadores ante el IMSS con un menor salario al que realmente perciben, se evaden más de 50 mil millones de pesos al año.

En los meses que estuvo al frente del IMSS, al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pudo constatar que la principal corrupción es el outsourcing, sangría importante por la fuga de cuotas obrero-patronales.

Durante la reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, en la que se aprobó el dictamen para regular la subcontratación –el martes pasado–, Martínez Cázares denunció que en su paso por el IMSS vio cómo algunas familias de este país se enriquecieron robando el fruto del trabajo de muchos obreros a través de la subcontratación, y ello es un crimen.

Los que quieran defender ese robo que vengan y lo digan en el Senado, retó.

Igualmente, el senador de Morena Martí Batres consideró que en esta nueva etapa, con un gobierno que está dispuesto a reconstruir los derechos de los trabajadores, se debe seguir adelante con esa iniciativa que no elimina el outsourcing, sino lo regula, porque en décadas recientes se ha aplicado de manera ilegal, en detrimento de la economía nacional y de los sindicalizados.

Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, resaltó que desde que presentó la iniciativa hubo una respuesta exagerada de los organismos empresariales, que comenzaron primero una campaña de desprestigio con argumentos falsos, entre ellos que se eliminaba por completo ese mecanismo de subcontratación y ponía en riesgo la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

Al final, resaltó, presionaron a los coordinadores del Senado y consiguieron que no se aprobara en este periodo de sesiones, que concluirá el próximo día 12, pero no vamos a desistir. Se llevará a la segunda consulta en enero, pero se tiene que legislar para regular esa actividad, que ha causado un daño grave a las finanzas públicas y a los trabajadores.

Pese a la gravedad del problema, no hay estadísticas oficiales. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, en su reciente comparecencia ante el Senado, informó que la subcontratación abusiva y el subregistro ante el IMSS son mecanismos perversos que han crecido a lo largo del último sexenio.

Se construyeron, destacó, no sólo al amparo del poder en su momento, sino también tienen relación con una defraudación a los institutos de seguridad social, Hacienda y, obviamente, los trabajadores, a quienes se ha desprotegido. No hubo una sola inspección en esa materia durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

No quiso precisar si se necesita una reforma legal, pero dijo que eso compete al Congreso. Lo que la STPS ha hecho es coordinarse con el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias para atacar esa subcontratación abusiva mediante operativos estratégicos para acabar con esa práctica tan agresiva.

En el dictamen se precisa que la subcontratación sólo podrá realizarse sobre actividades que exijan una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad preponderante o principal que lleve a cabo la empresa contratante.

Gómez Urrutia comentó que es obvio que las actividades de limpieza pueden ser subcontratadas, pero no se justifica que un consorcio como Grupo México utilice a un empresa de servicios financieros para emplear a sus mineros.

Es una práctica recurrente, sostuvo, que en los hechos significa una sustitución patronal, ya que la empresa subcontrata a otra que se encarga del manejo y pago de la nómina de los trabajadores, quienes siguen desempeñando las mismas funciones pero simulada y ficticiamente dejan de laborar en la misma.

En muchas ocasiones pasan de un subcontratista a otro, por lo que no generan antigüedad, no reciben reparto de utilidades y no podrán pensionarse.

El legislador rechazó que su iniciativa ponga en riesgo la economía, como argumentan los empresarios, en referencia a la disposición de penalizar el outsourcing ilegal y la obligación de los patrones que hubieran incurrido en abusos fiscales y laborales de pagar lo evadido a Hacienda y al IMSS y las utilidades escamoteadas a los trabajadores en un plazo de seis meses. Después de ello habría sanciones.

Hay que corregir esos abusos. La economía nacional no podrá crecer mientras no se regule y acabe esa práctica.