En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguieron registrándose múltiples conflictos socioambientales generados por la imposición de diversos megaproyectos en todo el país, entre los que destacan el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos (PIM), advirtieron organizaciones civiles y ambientalistas.

En conferencia de prensa, luchadores sociales de 11 estados de la República cuestionaron que la actual administración siga impulsando un modelo económico basado en el extractivismo minero y la explotación de recursos naturales por empresas nacionales y extranjeras, sin tomar en cuenta la opinión o las necesidades de los pueblos afectados.

Los defensores de la Tierra y la naturaleza lamentaron que en el inicio del actual gobierno tengan que seguir luchando para defender sus derechos humanos y recordaron que de los 560 conflictos socioambientales reconocidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 15 impactan directamente las regiones donde ellos habitan.

De todos esos casos, destacaron que la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía inició sin tomar en cuenta a los pueblos aledaños y sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental correctamente hecha, además de que pondría en grave riesgo a los habitantes de la Ciudad de México, ya que requeriría 6 millones de litros de agua al día.

Asimismo, alertaron que el gobierno de López Obrador ha dado continuidad al Proyecto Integral Morelos (PIM), surgido en 2011, que implicaría la construcción de un acueducto, dos termoeléctricas y un gasoducto, los cuales pondrían en riesgo a 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Al estar cerca del Popocatépetl, subrayaron los activistas, cualquier erupción de este volcán podría dañar las obras de infraestructura del PIM, lo cual sería desastroso para los pobladores de la región.

Luego de recordar que ya han sido asesinados varios defensores de la Tierra por oponerse a este tipo de proyectos –entre ellos Samir Flores, en Morelos, y Julián Carrillo, en Chihuahua–, los ambientalistas señalaron que hay una gran cantidad de casos de afectaciones generadas por minas y plantas productoras de cerveza y refresco en estados como Baja California, Chiapas, Guerrero y Zacatecas.

De igual forma, advirtieron que ya se han registrado situaciones de desplazamiento forzado interno en poblaciones cercanas a dichos megaproyectos, cuyos habitantes han sido obligados a salir de sus domicilios para que las empresas exploten los recursos naturales de la zona.