El allanamiento al domicilio y las amenazas sufridas ayer por Emir Olivares, reportero de esta casa editorial, generaron manifestaciones unánimes de rechazo de organismos gubernamentales y civiles de derechos humanos, los cuales exigieron que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso y se brinde protección al periodista, quien desde 2017 ha recibido amenazas por su cobertura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los actos de intimidación contra Olivares, a quien expresó su solidaridad, y anunció que le brindará acompañamiento con visitadores adjuntos en las diligencias que se requieran.

En un comunicado, el organismo público indicó que ya solicitó información al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de aplicar las medidas de protección que correspondan, y subrayó que las agresiones contra periodistas deben ser investigadas y sancionadas para evitar a toda costa la impunidad.

Alberto Solís, director ejecutivo de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, manifestó su preocupación por las agresiones, más aún por haber ocurrido en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Premeditación

Esto lo tenía calculado quien realizó las amenazas. No me parece trivial que hayan ocurrido este día (ayer), por eso llamamos a que se asuma de manera profunda la transformación del mecanismo de protección, el cual debe fortalecerse con medidas interinstitucionales, señaló.

Omar Bello, integrante de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, lamentó que en pleno siglo XXI te sigan criminalizando por hacer tu trabajo periodístico, y al mismo tiempo las autoridades no consideren dicha hipótesis en sus indagatorias.

Hoy existe un manual para matar periodistas porque (a los perpetradores) no les pasa nada. De cada 10 casos de agresiones, sólo en dos se sabe con certeza quién fue el agresor y en 0.1 de los casos hay alguna acción legal, manifestó Bello, quien hizo ver que ni siquiera en la Ciudad de México los comunicadores están seguros.

De su lado, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, encomió el trabajo periodístico de Olivares y subrayó que ante éste y otros casos de agresiones no puede haber una respuesta simplista de las autoridades, sino una respuesta contudente para reforzar el mecanismo de protección.

En tanto, en un mensaje en Twitter la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhortó a las autoridades a acelerar la investigación de las amenazas sufridas por Olivares y subrayó que es urgente garantizar su seguridad y la de su familia.