ajo el argumento de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas a las corporaciones mineras durante el periodo neoliberal, el pasado 11 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que durante su gobierno no se darán nuevas concesiones para la explotación minera. Complementó sus palabras asegurando que las concesiones ya otorgadas se mantendrán y pidió a las empresas mineras lo imposible: que no se destruya el territorio (sic). En pocas palabras, el gozo se fue al pozo, pues frente a la importante decisión presidencial de terminar con la irresponsable entrega del territorio nacional a la destrucción extractivista, ahora tenemos el empoderamiento de los corporativos mineros, nacionales y extranjeros, quienes han interpretado las palabras de AMLO como una bendición a sus depredadores planes, principalmente sus megaproyectos de tajo a cielo abierto. Se esfuman así las esperanzas de que en la autodenominada 4T los pueblos, cuyos territorios fueron criminalmente concesionados a sus espaldas, serían finalmente liberados de la violenta presión que el capital minero ha ejercido sobre ellos.

No sólo eso: en lugar de ser investigadas por sus delitos socioambientales y sancionadas con el retiro de sus concesiones, esas corporaciones, principalmente canadienses y mexicanas, ahora se victimizan y piden a AMLO rectificar. Así lo hicieron en octubre durante la 33 Convención Internacional de Minería que reunió a lo más granado de ese sector, incluyendo a sus adláteres políticos, entre ellos Francisco Quiroga, operador de las mineras en el gabinete de AMLO, además de los gobernadores de Guerrero, Durango, Chihuahua y Zacatecas. Este último llegó al grado de pedir que no se prohíba la exploración minera en áreas naturales protegidas, mientras que Javier Corral se comprometió a concientizar a la población sobre la importancia de la minería, olvidando que Chihuahua se ahoga en sangre anteinauditas expresiones de violencia, incluidas las generadas por los megaproyectos mineros. Confiados en Alfonso Romo, el brazo neoliberal del nuevo gobierno, los empresarios mineros y sus empleados buscan ahora una oportunidad para convencer al Presidente de que todos los daños perpetuos que provoca su actividad, principalmente la destrucción de enormes territorios a partir de la megaminería de tajo a cielo abierto, son un mito. Y ya envalentonados, los corporativos anuncian que para 2021 entrarán en operación cuatro nuevos tajos, incluido uno impulsado por la canadiense Argonaut Gold en el Cerro del Gallo, del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia nacional.

Sin embargo, y sabedores de que el patrimonio ambiental del planeta es asunto de los ciudadanos, los habitantes de diversas comunidades rurales y urbanas de Dolores Hidalgo han organizado la resistencia para impedir que la canadiense imponga con mentiras la destrucción y el saqueo extractivista en su territorio. Al logro de este objetivo se unen cada vez más pobladores de seis municipios aledaños, incluidos San Felipe y San Miguel de Allende, territorios que comparten con Dolores el sobreexplotado acuífero Cuenca de la Independencia, del cual Argonaut Gold pretende extraer para su proyecto, mediante la perforación de siete pozos, un millón y medio de metros cúbicos anuales de agua, de los cuales 85 mil servirían sólo para intentar controlar los polvos en los enormes caminos que se requieren. La proyectada mina destruiría irreversiblemente 500 hectáreas de territorio, dentro de las cuales quedaría ubicado un cráter de un kilómetro de diámetro, así como dos nuevas montañas, una de materia estéril y otra de materiales que serían lixiviados con cientos de toneladas de cianuro mezcladas con millones de litros de agua del acuífero. Esta destrucción se concretaría en tan sólo siete años de vida útil de la mina, dejando tras de sí un ecocidio que impactaría directamente a las comunidades ubicadas en un radio de 50 kilómetros a la redonda del tajo. Y todo para extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo.

Frente a este demencial proyecto que sus promotores califican como benéfico para la humanidad, y ante las mentiras y propaganda que los canadienses y sus empleados mexicanos han desplegado en la zona para confrontar a sus pobladores, muchos de éstos decidieron organizarse para obtener información directa sobre los impactos de los megaproyectos mineros de tajo a cielo abierto. Tras estudiar los datos que Argonaut Gold entregó al gobierno mexicano, un grupo de 90 habitantes de comunidades que serían directamente afectadas viajaron el pasado 9 de noviembre a Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde pudieron ver sin falsedades la destrucción perpetua que criminalmente dejó la canadiense New Gold Minera San Xavier, escenario al que podría quedar reducido el patrimonio biocultural de las futuras generaciones de dolorenses.

Esta visita a lo que se ha comenzado a denominar como el Museo Nacional del Ecocidio fortaleció la convicción de los asistentes para impedir la megaminería de tajo a cielo abierto en su territorio. Si bien los antiguos pueblos originarios de México consideraban al oro como la mierda de los dioses, en la actualidad lo es del capitalismo financiero, por ello, en la cuna de la Patria, los dolorenses y sus aliados están obligados a escribir otra página histórica de verdadera emancipación.