Partidos de oposición y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) celebraron ayer la opinión jurídica que emitió la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la ley Bonilla, a la cual calificó de alejada de la regularidad constitucional, y confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las acciones de inconstitucionalidad contra esa norma, con apego a derecho.

Benito Nacif, consejero del INE, coincidió con la conclusión de los magistrados, al recordar que la reforma aprobada para hacer de forma simultánea los comicios locales de Baja California y los federales, ocurrió 90 días antes del inicio del proceso electoral y, por tanto, no había posibilidad de retrotraerse a algo que había quedado firme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, el cual indica que las modificaciones a la legislación electoral ya no pueden hacerse una vez que inician los 90 días previos al arranque de los comicios.

Jaime Bonilla, ahora gobernador de esa entidad, quiso modificar la legislación mucho tiempo después de ese plazo, añadió el consejero, quien calificó como un buen signo la opinión de los magistrados. Refirió además que su conclusión es consistente con los criterios que utilizó en otras resoluciones, para ratificar que la gubernatura debe ser de dos y no de cinco años.

Por su lado, Camerino Márquez, representante del PRD en el INE, expuso que la opinión de la sala superior da cuenta de que no es posible la retroactividad como lo pretendió interpretar a su favor Bonilla, quien logró tener una mayoría a modo en la anterior legislatura del congreso estatal, y modificar el mandato de gobierno, cuando los comicios ya se habían realizado.

Consideró valiosa la opinión del tribunal porque puede ser la base jurídica que utilice la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron partidos de oposición.

Marko Cortés, dirigente del PAN, señaló que desde un principio su partido dijo que la ley Bonilla es inconstitucional y un ataque a la democracia que debe ser anulado.