El gobierno federal respetará las consideraciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación descalificando la reforma que el Congreso de Baja California hizo para ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años, porque fueron modificaciones inconstitucionales, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, en lo concerniente a las reformas para eliminar el fuero, se pronunció porque se elimine no sólo para el presidente, como ya ocurrió, sino que se haga extensiva su cancelación a otros funcionarios. Mi opinión es que no debe existir el fuero. Ni al presidente ni gobernadores ni a ningún miembro del gobierno, incluidos jueces, magistrados, ministros, quitar el fuero.

Abordó el caso Baja California sin que mediara pregunta de por medio. Expresó su respeto a lo que decida el Poder Judicial en torno a la reforma que amplió el mandato de Bonilla. Recordó el periodo de concertacesiones que se iniciaron allá mismo. Era un esquema mediante el cual se ponían de acuerdo en lo oscurito y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que habían negociado, pero ya habían transado.

A juicio, como cualquier otro ciudadano

En referencia a los cambios que introdujo el Senado para restituir la cancelación del fuero a legisladores que había sido retirado por los diputados, López Obrador comentó que en caso del presidente podrá ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano.

Por otro lado, la Presidencia de la República circuló el listado de 11 de los compromisos que hizo el mandatario el día de su toma de posesión que aún están en proceso de cumplimiento, entre los cuales destacan: la cancelación de fideicomisos o cualquier mecanismo para ocultar fondos públicos, la descentralización de las secretarías del gobierno federal a diversas entidades, las investigaciones para localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, proteger patrimonio cultural, fomentar actividad pesquera y transferir el impuesto a mineras a las comunidades donde operan.

De igual forma, la integración de las 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, atendidas por la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad, conformar el corredor transístmico en el Istmo de Tehuantepec para desarrollar proyectos productivos, la construcción del Tren Maya en el sureste del país y la cancelación de los inspectores de establecimientos comerciales para modificar el esquema de verificación con mayor peso en la confianza social.