Luego de reconocer abiertamente que la violencia de género es una realidad lamentable que sucede en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director general de esa casa de estudios, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció la aplicación de una política de cero tolerancia” a esa práctica.

Dijo que la situación es sumamente compleja, por lo que es necesario revisar y repensar las estrategias hasta ahora aplicadas por la institución para frenar la violencia de género, en medio de un contexto donde el gobierno federal ha suscrito el Acuerdo por la igualdad de género, y las autoridades de la Ciudad de México han declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres en la capital del país.

En un mensaje a representantes académicos, estudiantiles y autoridades del Politécnico, Rodríguez Casas dio a conocer la creación del Protocolo para la prevención, detección y atención de conductas de violencia de género del IPN, contemplada en el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024.

Se replantearán diseño y ejecución de programas

Entre las acciones, anunciadas en la último Consejo General Consultivo, están replantear el diseño y ejecución de los programas vigentes de prevención, atención y sanción de las violencias en el IPN; integrar nuevos grupos de trabajo colaborativo; incrementar la presencia de redes de género en todas las escuelas, centros y unidades académicas politécnicas, y diseñar y aplicar nuevos instrumentos para la aplicación de la política de cero transigencia.

Rodríguez Casas anunció, incluso, la creación de una comisión especial que él mismo presidirá, para dar cumplimiento a esta política de no tolerancia a la violencia de género, en la que habrá representación de los estudiantes, docentes, personal de apoyo a la educación y de instancias institucionales.

Explicó que el protocolo tiene, entre otros objetivos, definir mecanismos para orientar y dar un acompañamiento especializado a las víctimas; nombrar y visibilizar las conductas no toleradas; garantizar una atención de calidad sin revictimizar; garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de sanciones administrativas y promover un ambiente laboral y escolar de cero condescendencia hacia este tipo de prácticas.