La Cámara de Diputados dejó la responsabilidad al Senado de decidir si modifica sus partidas para reponer el recorte salarial que se aplicó a las remuneraciones de los senadores para el próximo año.

En medio de la discusión por la reducción de su dieta mensual de 105 mil a 75 mil pesos, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, dijo que a la cámara alta no se le alteró el monto total de su presupuesto.

Si ellos quieren tener una remuneración mayor, ellos tendrían que tomar decisiones internas, subrayó.

Añadió que la junta hizo una valoración política de que tan conveniente resultaba hacer una modificación al presupuesto del Senado por medio de una fe de erratas o un mecanismo similar, y se evaluó que no resulta idóneo.

Entrevistado al inicio de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo explicó que de manera oficial el Senado no le ha comunicado nada sobre el tema, si bien nos hemos enterado por medio de la prensa que hay una inconformidad.

Falta de cortesía política

Reconoció que hubo falta de cortesía política al no avisar antes de este recorte a la colegisladora, al explicar que sometió el caso a la Junta de Coordinación Política y las distintas posibilidades que había de resarcir la reducción a las remuneraciones, pero no hubo acuerdo de que pudiera votarse algún tipo de fe de erratas o algo parecido, dado que tampoco tenemos oficialmente alguna comunicación por parte del Senado donde haya manifestado una inconformidad.

Cabe destacar que durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, los diputados establecieron por una parte que el salario de los senadores sería el mismo que tenían en 2019, pero por otra, que se reduciría de 105 mil a 75 mil pesos mensuales. Ante tal situación los integrantes de la Cámara de Senadores criticaron el recorte y que los diputados no se hayan bajado sus percepciones.

Por otra parte, en San Lázaro sigue sin haber acuerdo entre las fracciones parlamentarias sobre las iniciativas para reducir en 50 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos.

Tampoco hay consenso sobre la manera de resolver el voto que quedó pendiente desde el 6 de noviembre pasado, relacionado con la iniciativa que da a la Unidad de Inteligencia Financiera atribuciones para aplicar la extinción de dominio a cuentas bancarias bloqueadas.

Morena tiene la intención de sacar alguno de los dos temas en lo que resta del periodo, antes de las vacaciones de fin de año, pero partidos de oposición se oponen.