El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió que se realicen las investigaciones y sanciones necesarias contra los juzgadores que ponen en riesgo la vida de las mujeres al resolver sus demandas sin perspectiva de género.

Expuso que el caso de Abril Pérez Sagaón, asesinada el pasado 25 de noviembre y quien había denunciado a su ex pareja por tentativa de feminicidio, lo que fue reclasificado por un juez de control de la capital del país como lesiones y violencia familiar, evidencia que el sistema de justicia en México es ineficiente y se enfrenta la impunidad generalizada.

Aplicar la jurisprudencia 22/2016

La organización no gubernamental destacó que es necesario que las procuradurías y fiscalías de todos los estados de la República investiguen y los tribunales de justicia cumplan su responsabilidad con perspectiva de género de acuerdo con la jurisprudencia 22/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya aplicación es obligatoria en todas las instancias.

El OCNF, conformado por 43 organizaciones en 23 estados del país, demandó que en el caso de Pérez Sagaón la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia lleven a cabo una investigación pronta y efectiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales y que considere como principal línea de investigación los antecedentes de violencia que vivió por parte de su ex pareja.

De igual manera, que se indague para dar “con las omisiones, negligencia y en su caso –si hubo– actos de corrupción, que obstaculizaron el acceso a la justicia para la víctima, y que derivaron en su feminicidio”.

Demandó a las autoridades federales y locales que en la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México se incluyan acciones del Poder Judicial para que garanticen de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.