El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, tomó protesta ayer a los integrantes de la sala constitucional del máximo tribunal de justicia capitalino, instancia encargada de dirimir las controversias relacionadas con la Carta Magna local.

Ante la jefa de Gobierno,, Claudia Sheinbaum Pardo, quien atestiguó el acto, el magistrado recalcó que esta sala también tendrá a su cargo la resolución de los asuntos iniciados contra integrantes del Poder Legislativo, los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de órganos autónomos y alcaldías.

Asimismo, la nueva instancia, formada por siete magistrados, también conocerá de las impugnaciones a resoluciones definitivas emitidas por jueces relacionadas con el tema de los derechos humanos.

Los magistrados que la integran son: Javier Raúl Ayala Casillas, quien fungirá como presidente de la misma; Adriana Canales Pérez, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, Antonio Muñozcano Eternod, Sara Patricia Orea Ochoa, Jorge Ponce Martínez y Cruz Lilia Romero Ramírez.

Todos ellos, se resaltó en ese acto, han destacado en su labor jurisdiccional en tareas de docencia e investigación jurídica; además de ser reconocidos en el ámbito nacional e internacional por su conducta ejemplar y sentido ético.

Al respecto, la titular del Ejecutivo local, por medio de su cuenta de Twitter calificó de histórica la instalación de esta nueva instancia, cuyo objetivo es garantizar la esencia de la Constitución: una ciudad de derechos.

La sala constitucional tendrá su sede en el edificio de salas penales del Poder Judicial local, ubicado en avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, donde Guerra Álvarez manifestó que el control constitucional tiene como principal objetivo invalidar los actos y normas contrarios a la Carta Magna, a fin de mantener a los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, así como la garantía del respeto a los derechos humanos.

Destacó que sus integrantes fueron elegidos mediante votación libre y secreta por el pleno de magistrados del Poder Judicial capitalino. No me cabe la menor duda que sabrán realizar sus tareas con gran atingencia, conscientes en cada momento que de su actuación depende el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en nuestra Ciudad de México, expresó.

El 7 de noviembre, el Congreso capitalino aprobó la Ley Orgánica de la sala constitucional, para la que estima un presupuesto anual de 90 millones de pesos, por lo que se ajusta a los criterios de austeridad; además de que sus miembros tendrán una doble jurisdicción, es decir, podrán ejercer también en materia civil, penal o de justicia para adolescentes, por lo que no fue necesario crear nuevas plazas de magistrados.