Santiago. Se necesitaron 41 días de sistemático levantamiento para que el gobierno de Chile dialogara con la Mesa de Unidad Social, conjunto de unas 200 organizaciones civiles, cuyos dirigentes fueron recibidos ayer en el palacio de La Moneda por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Dos horas y media se prolongó la reunión y, aparte de decirle las cosas en su cara al jefe político del gabinete, nada en limpio se obtuvo.

Simultáneamente, en una academia policiaca, el presidente Sebastián Piñera se despachaba a su antojo con su oratoria intimidante y belicosa en la ceremonia de graduación de 250 novatos de la Policía de Investigaciones (PDI), a quienes planteó su teoría del enemigo interno que usa para explicar la crisis política y social que ha destruido su presidencia, llegando a decir que es una guerra.

Estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie; ni la vida de los seres humanos ni a nuestros héroes. No respeta nuestras infraestructuras más básicas como el Metro o nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite, escucharon los detectives.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por esa razón quiero que tengamos conciencia. Aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Mucho menos a la debilidad, afirmó.

La legislación que tenemos hoy para combatir a los encapuchados, a los vándalos, a los que hacen barricadas y obstaculizan el libre tránsito, no es suficiente, sino que se necesitan leyes más severas para enfrentar con mayor eficacia a este implacable enemigo, aseguró.

Ustedes salen, dijo a los novatos, a combatir esa violencia criminal que hemos conocido los últimos días. Esa delincuencia sin límite en que también está involucrado el narcotráfico, movimientos anárquicos y muchos otros. Y siempre, y en todo momento, tienen que hacerlo dentro de la ley y con respeto a los derechos humanos.

Después de esto, ¿con qué espíritu saldrán estos policías a las calles?

Pero es el lenguaje empleado por Piñera desde el día uno para referirse al estallido social y por cuyo desastroso manejo pasará a la historia, con decenas de muertos y centenares de heridos, con flagrantes violaciones y abusos a los derechos humanos, constatados por Amnistía Internacional y HRW.

Ni una sola palabra destinó el presidente a lamentar la suerte de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, las dos personas que quedaron ciegas a manos de la policía. Gustavo, de 21 años y estudiante de sicología, participaba pacíficamente en una manifestación el 8 de noviembre cuando un escopetazo con perdigones impactó en sus ojos. Y Fabiola, de 36, recibió en su rostro una bomba lacrimógena disparada directamente por un carabinero, la noche del miércoles 27, mientras esperaba el transporte para ir a su trabajo nocturno en una fábrica.

Con los dirigentes sociales

Mario Aguilar, uno de los dirigentes que asistió a La Moneda, presidente del Colegio de Profesores, afirmó que expusieron con claridad y transparencia cuáles son nuestras demandas, y que se trató de una reunión dura, áspera, en el sentido de cómo planteamos las cosas.

El dirigente calificó de absolutamente insuficiente el acuerdo para una nueva Constitución al que llegaron hace dos semanas dirigentes del oficialismo y de la oposición, demandando que las organizaciones sociales puedan ser parte de ese acuerdo, pero sólo si se consideran sus peticiones.

Queremos una nueva Constitución pero sin letra chica ni trampas. Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente. Valoramos que haya habido este primer diálogo, pero no hay disponibilidad nuestra para cosas escondidas, tienen que responder a la ciudadanía.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, reconoció que el ministro Blumel les solicitó empezar un proceso de diálogo, a lo cual le contestaron que sólo podríamos iniciarlo cuando haya señales claras y contundentes, como por ejemplo, detener la tramitación de los proyectos que es claro que la gente no quiere, como el del ingreso mínimo.

Ella exigió que el gobierno se empiece a hacer cargo de una agenda social más ambiciosa y ojalá que no tenga que esperar 40 días más de movilización para dar respuestas.