Santiago. Sebastián Piñera aportó nueva evidencia de que capitanea el naufragio de su gobierno desconectado de la realidad: apenas ayer se anunció que desiste de viajar la próxima semana a Madrid, donde quería inaugurar la conferencia acerca del cambio climático. La decisión era evidente, pero lo inaudito es que el gobierno se tardara en hacerla explícita, lo que prueba que el presidente insistía en ir, pese a 41 días de alzamiento social sin perspectiva de parar.

Tal vez pesó que la noche del martes fue superviolenta en muchas ciudades de Chile, tanto, que el ministro de Defensa, Alberto Espina, lo describe así:

La situación que está viviendo el país en materia de seguridad es extremadamente crítica. Se están registrando niveles de violencia que no se daban desde el retorno a la democracia, bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías absolutamente sobrepasados y desbordados, sostuvo ante una comisión legislativa.

Y agregó: Es un deber, no un favor, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. No va a haber, ni va a subsistir ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínimas garantías de que no habrá saqueos, ataques como se están produciendo, con una destrucción gigantesca. Claramente aludía al proceso constituyente acordado.

En rigor, es el gobierno el que está absolutamente rebasado: el orden público no existe. El miércoles trascendió un audio en el cual un oficial, en la ciudad de Quilpué, notifica que no podían seguir operando.

Nos retiramos de El Belloto. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. No estamos obligados a lo imposible, hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede, se escucha.

Y Piñera, quien tiene una aprobación en torno a 12 por ciento y un rechazo superior a 87 por ciento, sólo atina a insistir en su agenda anti: antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos, y en que lo faculten para ordenar la militarización del país. No toma ninguna decisión contundente de política social que ayude a apaciguar el incendio que calcina su presidencia. Y su recurrencia a hablar de violencia, delincuentes, pillaje, vandalismo y prometer persecución, sólo añade presión a la caldera, coinciden analistas.

Así fue nuevamente ayer miércoles, cuando dijo que la violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad, la violencia ha significado dolorosas pérdidas de vidas humanas y muchas personas lesionadas. La violencia está destruyendo sueños y proyectos de vida, valioso patrimonio, tanto público como privado y símbolos; está dañando profundamente nuestra economía. Nada nuevo respecto de su lectura de la crisis.

En realidad él sí dispone de facultades para poner al ejército en la calle, pero para hacerlo debe decretar un estado de excepción constitucional que suprima libertades, algo que no quiere repetir, como sí lo hizo después del estallido el 18 de octubre. La diferencia está en que el proyecto que impulsa tiene párrafos que, según la oposición, le permitirían dar impunidad a los efectivos militares que violen los derechos humanos en la represión.

El texto explicita que se eximirá de responsabilidades al personal militar que cumpla estrictamente con las reglas de uso de la fuerza que determine el presidente de la república por decreto supremo, lo cual se interpreta como que Piñera podría decidir en qué casos impedir procesamientos.

El 12 de noviembre, después de una huelga general a la que siguieron centenares de actos de pillaje e incendios, Piñera reconoció que estaba listo para recurrir nuevamente al ejército, pero que optó por la razón. Sectores políticos estimaron que en realidad los militares se resistieron a salir a las calles si no se les ofrecían garantías de que tras imponer el orden no terminarían en los tribunales de justicia acusados de delitos de lesa humanidad, como está ocurriendo con decenas de carabineros querellados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Un sector de la oposición (demócratacristianos, socialistas, radicales, por la democracia y liberales) emitieron una declaración señalando que frente al incremento de la violencia, saqueos, ataques incendiarios a hospitales, ambulancias, iglesias, medios de comunicación y comercios, los partidos firmantes expresamos nuestro más firme rechazo a estos hechos de violencia y vandalismo. Agregan que nada justifica estos ataques que han generado una sensación de desgobierno y temor. Los ataques incendiarios y los saqueos no sólo son repudiables, sino que desmovilizan la protesta pacífica; quienes aprovechan para cometer delitos, deben ser aislados.

Ayer se confirmó una segunda persona con pérdida total de visión. Una mujer que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada a 15 metros mientras esperaba el transporte público, en la localidad de San Bernardo, 20 kilómetros al sur de Santiago, en momentos en que continuaron las movilizaciones con estudiantes invadiendo lujosos centros comerciales de Santiago y automovilistas congestionando las carreteras urbanas para exigir una rebaja sustancial en el cobro de peajes. Y no van a parar.