a decisión del gobernador Jaime Bonilla de quitar las cinco notarías que Francisco Vega de Lamadrid entregó unos días antes de dejar el gobierno provocó una carambola que llegó hasta Palacio Nacional. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, se comunicó a Mexicali para abogar por Viviana Rubio Padilla, afectada por la medida.

Según declaró el gobernador a la prensa local, Scherer Ibarra negoció con el ex gobernador Vega la entrega de la notaría a Viviana Rubio, sobrina de Milton Rubio, quien es en Baja California la única cara visible del consorcio de empresas que formaron NSC Agua SA de CV para obtener el contrato de la desaladora de Playas de Rosarito, que la anterior administración anunció con bombo y platillo como la más grande de América Latina, pero que está detenida por la crisis financiera del estado.

Scherer Ibarra pidió al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, que explicara el retiro de la notaría a Rubio –según confirmó el mandatario– y preguntó si podía evitarse. La respuesta fue que se trataba de una instrucción del gobernador porque se habían encontrado irregularidades en la asignación, y lo turnó con el mandatario; sin embargo, hasta el momento, no se ha comunicado conmigo, apuntó el gobernador.

El 5 de noviembre el funcionario de la Presidencia declaró al programa de radio Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que Andrés Manuel López Obrador estaba totalmente en contra de la llamada ley Bonilla, que ampliaría de dos a cinco años el periodo de gobierno del actual mandatario, asunto sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que deliberar. Pero no reveló que estaba en comunicación con el ahora ex gobernador Vega de Lamadrid, señaló Bonilla.

El Colegio de Notarios del estado protestó en su momento contra la entrega de las patentes a un grupo de recomendados, entre los que se encuentra Viviana Rubio. Hoy se sabe que la recomendación llegó desde la oficina del consejero jurídico de López Obrador, José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de quien fue procuradora de Justicia casi toda la administración de Vega de Lamadrid, y Javier Mayoral Murillo, quien fue el director del Registro Civil.