e disponía a dar cuenta del significativo triunfo de la comunidad indígena me’phaa San Miguel del Progreso, Júba Wajíin, acompañados del emblemático Centro Tlachinollan, cuando se difundieron las palabras dolientes de Abel Barrera: Estamos de luto. Es un mensaje funesto y por eso queremos que se investigue la línea de que Arnulfo Cerón fue desaparecido por ser defensor de los derechos humanos en la Montaña. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condena la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano y exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen. A dicha exigencia se sumó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de justicia, en Tlapa, Guerrero, el pasado fin de semana.

Con mi solidaridad ante ese golpe tan cercano, decidí que también es de justicia reivindicar un triunfo, ciertamente excepcional de una comunidad frente a la minera Hochs­child que de la mano y en alianza con la Secretaría de Economía (SE) dieron batalla a la comunidad ejerciendo como duopolio Estado-empresas.

En 2011, cuando el pueblo de San Miguel del Progreso se enteró que su territorio estaba siendo concesionado a capital internacional –principalmente por la empresa minera Hochschild, de origen peruano que opera con capital inglés–, los xiñaa, es decir, los sabios y sabias comunitarias, subieron al Telpizáhuatl a rezar para pedir luz y consejo a las potencias sagradas. Esta dimensión ha estado presente en los diversos juicios que han promovido y fue parte central de los peritajes antropológicos que dieron cuenta de su noción de territorio y el estrecho vínculo con la cosmovisión de la comunidad que si bien tiene reconocimiento agrario se trata de una comunidad indígena, cuestión que fue retomada en las resoluciones en favor logradas en estos años.

Otro factor muy importante es que la experiencia de lucha jurídica ha trascendido a la dimensión política y hoy han logrado la creación del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, lo cual es un saldo muy positivo. La comunidad de San Miguel del Progreso en julio de 2013 tramitó un amparo y obtuvo sentencia favorable en febrero de 2014 y llegó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el recurso de revisión y entrar a la discusión de la constitucionalidad de la ley; sin embargo, el asunto fue sobreseído por el desistimiento que hicieron las empresas mineras de los títulos concesionados.

Es importante destacar que la estrategia jurídica del Centro Tlachinollan fue no sólo impugnar las concesiones, sino solicitar la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera, lo cual no logró concretarse. La cancelación de las concesiones es un triunfo evidente de la organización comunitaria; sin embargo, el Estado quiso dejar a salvo su derecho a que otras empresas sean concesionarias, para ello el 24 de noviembre de 2015 la SE, publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) la declaratoria de libertad al cancelarse las concesiones ya mencionadas y estableció que a los 30 días de haber sido publicada, quedarían libres los terrenos que amparaban las concesiones, lo que significa que cualquier empresa interesada podría solicitar concesiones sobre dichos lotes.

Ello motivó que la comunidad de nueva cuenta impugnara por la vía del amparo y logró sentencia favorable, dictada por el juzgado primero de distrito en junio de 2017. Siguiendo su autodefensa, la SE interpuso recurso de revisión y el pasado 17 de octubre se emitió sentencia en favor de la comunidad. Esta vez ya es cosa juzgada y prueba de ello es que la SE publicó en el DOF, el pasado 21 de noviembre, la insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno, en cumplimiento de la sentencia favorable a la comunidad de San Miguel del Progreso. Este precedente deja evidencias de la aplicación del derecho indígena.

Asimismo, muestra cómo las autoridades indígenas no sólo acompañaron puntualmente al Centro Tlachinollan, sino que se organizaron en la región con otras comunidades agrarias. Aún tenemos la situación de que en esta materia se aplica el derecho de los pueblos por excepción. Sin embargo, estas sentencias constituyen un aporte para el resto de la judicatura, al darle dimensión plena a la noción de territorio como sustento de la cultura y la vida misma de los pueblos. La Montaña de Guerrero tiene en el Centro Tlachinollan un respaldo y su director y equipo centran su fortaleza en caminar al lado de los pueblos.

Ello les permite enfrentar golpes como el de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón y exigir que se esclarezca y castigue este crimen en toda su implicación, tanto material como intelectual.