Nueva York. El comandante en jefe, Donald Trump, quien evadió su propio servicio militar obligatorio, exoneró y exigió frenar la expulsión de un integrante de las fuerzas especiales de la Armada acusado formalmente de crímenes de guerra, en un desafío a la jerarquía militar que llevó a la renuncia/despido del secretario de Marina.

En una serie de hechos extraordinarios, todo empezó cuando Trump exoneró, hace unos días –por tuit– a tres militares acusados de crímenes de guerra que enfrentaban procesos judiciales, ignorando así las recomendaciones de los altos mandos –entre ellos su secretario de Defensa y el jefe del estado mayor– de permitir que el proceso llegara a su conclusión sin interferencia para mantener la integridad y la disciplina militar.

La controversia se intensificó este fin de semana, cuando Mark Esper, secretario de Defensa, anunció que despidió al titular de Marina, Richard Spencer, y ayer afirmó que está cumpliendo órdenes directas de Trump al frenar una evaluación oficial de la conducta de Edward Gallagher, uno de los tres exonerados, para evitar su expulsión de las fuerzas especiales de la Marina, cuerpo élite conocido como los SEAL.

Esper dijo que exigió la renuncia de Spencer porque se enteró de que había intentado negociar con la Casa Blanca sin autorización de él ni del jefe de la junta de jefes militares, el general Mark Milley.

Pero en su carta de renuncia dirigida a Trump el domingo, Spencer escribió: “no puedo, en buena conciencia, obedecer una orden que yo creo viola el juramento sagrado que acepté… de defender la Constitución de Estados Unidos”, indicando que el imperio de ley es lo que nos diferencia de nuestros adversarios.

Trump había indicado que con sus órdenes estaba defendiendo a los guerreros, y anteriormente había expresado que combatientes estadunidenses no deberían de ser limitados en zonas de conflicto por ninguna norma, incluyendo la defensa del uso de técnicas de tortura que son ilegales.

Gallagher fue enjuiciado y absuelto del delito de homicidio por matar a cuchillazos a un adolescente militante del Estado Islámico ya capturado, pero sí fue declarado culpable de posar con el cadáver en Irak, en 2017.

Los otros dos militares exonerados por Trump eran del ejército. Uno estaba esperando juicio por asesinar a un afgano sospechoso de fabricar bombas en 2010, el otro, un oficial, había sido condenado por asesinato, debido a que ordenó a sus soldados abrir fuego contra tres afganos desarmados en 2012.

Todo esto ha desatado un intenso debate sobre si el comandante en jefe está minando no sólo procesos de justicia militar, sino las supuestas normas e incluso leyes en la guerra y conflictos armados, como la misma disciplina militar. Lo que me preocupa más es el efecto que esto tendrá en la disposición de fuerzas especiales de reportar comportamiento ilegal. Eso es trágico porque al final lo que nos separa de nuestros opositores en los campos de batalla es nuestra voluntad de cumplir con el imperio de ley, comentó el almirante retirado James Stavridis a la agencia Ap.

No es la primera vez que los militares han tenido que aguantar decisiones en contra de sus recomendaciones y hasta ofensas –incluidos insultos contra héroes de guerra– de su comandante en jefe, entre ellas el envío de tropas y ahora el desvío de recursos militares a la frontera con México y la construcción del muro, o la sorpresiva decisión de reiterar fuerzas de Siria, y hasta su declaración de que él era más inteligente que los generales.

Todo esto, de un hombre que evadió su servicio militar al declarar que tenía espolón óseo.

El día culminó con una sorpresa en la Casa Blanca, donde el comandante en jefe presentó y condecoró con una medalla al héroe Conan, el perro que participó en la operación especial para asesinar al líder del Estado Islámico. Conan rehusó comentar algo sobre el comandante en jefe.

El impeachment

En tanto, ahora uno de los principales defensores de Trump en el proceso de impeachment podría estar implicado en los mismos delitos por los cuales se investiga al presidente.

El diputado Devin Nunes, republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia y quien ha denunciado la pesquisa y las audiencias como una farsa, ha sido acusado de que él tambien se reunió con altos funcionarios ucranios para buscar cómo promover investigaciones diseñadas para dañar a los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020; o sea, el delito que está en el centro del proceso del impeachment contra Trump. Lev Parnas, socio ucranioestadunidense del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, ha indicado que está preparado para testificar sobre ello y proporcionar documentación.

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes está elaborando el informe que enviará al Comité Judicial, el cual evaluará la evidencia y formulará los cargos que ameriten la destitución del presidente para un eventual juicio político en el Senado.