La publicación ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que expide la Ley Federal de Austeridad, y su entrada en vigor hoy, son un compromiso del gobierno de México para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social, sostuvo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Por el contrario, el bloque opositor en el Senado se prepara para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación al considerar se invaden facultades del Legislativo.

La ley busca frenar el derroche, separa el interés público del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente los derechos sociales, como educación, salud y bienestar social, previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México, agregó Sandoval, quien dijo que la dependencia será garante de su cumplimiento por medio de sus 213 Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal y de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.

La nueva legislación prohíbe expresamente la autorización de pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Issste correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Junto a la legislación también fueron publicadas varias reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La senadora del PRI, Claudia Anaya y el panista Gustavo Madero, informaron que están en el proceso de recabar las 45 firmas de legisladores requeridas para presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia, con miras a que declare su inconstitucionalidad, ya que expusieron que permite al gobierno la reasignación de recursos presupuestales, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Tenemos 30 días para meter la controversia constitucional y la vamos a meter, sólo estábamos en espera de que se promulgara, resaltó la senadora Anaya, quien recordó que antes PRI, PAN y MC interpusieron también una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y lograron que el Poder Judicial obligara a hacer adecuaciones.

Además, mientras uno de sus objetivos es evitar el dispendio de recursos públicos, los senadores cuestionaron que no se hayan logrado los ahorros que “supuestamente “ se conseguirían con el plan de austeridad federal.

En otros de sus puntos medulares, la ley mandata que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguna institución pública, deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés.