Es terriblemente complicada en materia de impunidad la imagen de México ante el mundo, admitió la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero.

Coincidió además con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en defender la política de seguridad impulsada por el gobierno federal. Ambos pidieron corresponsabilidad de las autoridades locales en su aplicación, así como permitir su instrumentación plena, que vaya madurando.

La mayor parte de los análisis se han concentrado en la ejecución de la Guardia Nacional, pero la estrategia tiene que ver con atender los problemas que generan la violencia: marginación, pobreza, exclusión social, refirió Encinas. Puntualizó que las acciones punitivas y de combate a la delincuencia representan uno de los ocho puntos anunciados a inicios del gobierno para atender ese fenómeno.

Asimismo, definió como una vergüenza la reciente liberación de un involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa por una caución de 10 mil pesos aplicada por un juez.

En cuanto a la instrucción girada la víspera por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la anunciada marcha de Javier Sicilia sea atendida en la SG, la secretaria Sánchez Cordero se dijo encantada de recibirlo si así lo solicita.

Encinas comentó a su vez que por mucho tiempo ha tenido comunicación con Sicilia y estamos en la mejor disposición de reunirnos para atender sus demandas, pues como cualquier ciudadano tiene derecho a manifestar sus ideas con plena libertad. Además, espera establecer en breve comunicación con él: Lo digo categóricamente.

Durante la apertura de un bazar navideño con piezas elaboradas en centros penitenciarios, Sánchez Cordero censuró a los gobernadores que buscan remover a jueces cuando no les gustan sus resoluciones, pero destacó enseguida: “El que realmente me preocupa es el sistema de procuración de justicia. No hay estabilidad en el empleo de los fiscales ni de toda la carrera ministerial, ni tampoco autonomía (…) de los ejecutivos locales, sobre todo, (pero) sí del Ejecutivo federal. Y esto ha tenido como consecuencia un tema de impunidad muy importante”.

Para ilustrar su aseveración, mencionó que de 33 millones de delitos cometidos, sólo se denuncian 1.9 millones. Además, un porcentaje muy pequeño se judicializa y un número todavía menor de casos llegan a sentencia condenatoria o absolutoria.

Luego aludió al crecimiento del número de presos políticos en las cárceles nacionales. Están ahí, asumió, no por haber cometido algún ilícito sino por haberse manifestado contra un gobernador.

A unos días de cumplirse el primer aniversario de esta administración federal, Encinas señaló haberse encontrado con una auténtica crisis humanitaria. Sabíamos que las cosas estaban mal, no tan mal como en realidad las encontramos, lamentó. Hablamos de más de 40 mil desaparecidos, de más de 38 mil cuerpos por identificar, más de 150 mil homicidios ligados a la delincuencia organizada, alrededor de 300 mil personas desplazadas y un nivel de impunidad de 99 por ciento en este país.