la hora de cerrar la presente columna no había arreglo entre la directiva de la Cámara de Diputados y los grupos campesinos, cuyos líderes organizaron un cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que en una sesión plenaria se apruebe el presupuesto federal de egresos de 2020, sin las modificaciones demandadas para satisfacer las demandas de esas organizaciones agraristas, a cuyos dirigentes ha acusado el Presidente de la República de especializarse en moches, es decir, en formas de corrupción que se aprovechan de las necesidades populares y del dinero público destinado a tratar de paliarlas.

La batalla política se ha enconado porque los líderes campesinos pretenden mantener el curso natural de décadas, con apoyos económicos que benefician a sus clientelas (y también a los líderes), y la nueva administración federal pretende entregar directamente los apoyos a los beneficiados, sin intermediarios o, visto de otra manera, con el gobierno en turno convertido en el suministrador de fondos para otras fórmulas clientelares.

El propio presidente de la República ha insistido en el rechazo a los moches, es decir, el método sostenido por priístas y panistas, que ha implicado la rasura de recursos federales para dejar ganancias a legisladores conseguidores de presupuestos destinados a obras o para dirigentes sociales que fungen como intermediarios.

En un escenario accidentado, anoche se sostenía la convocatoria de uno de esos grupos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, para irrumpir en el desfile revolucionario de hoy. Por lo pronto, la cúpula de San Lázaro anunció que se pasa para el viernes la sesión de los comisionados de presupuesto y cuenta pública y, por tanto, la sesión plenaria no podrá ser hoy, como se había anunciado. Las negociaciones parecían entrampadas, pero la directiva encabezada por Mario Delgado suponía que se llegará a arreglos para sesionar el viernes sin grandes contratiempos.

Los gobernadores y los presidentes municipales panistas han decidido no reconocer a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni atender las recomendaciones que en tal condición emita. Así lo dieron a conocer en comunicados de prensa y en declaraciones individuales, de entre las cuales la más rápida fue la de Francisco Domínguez, quien administra Querétaro (la misma entidad en la que otro panista distinguido, Diego Fernández de Cevallos, terminó pagando una bicoca luego de tres décadas de no cubrir el impuesto predial de una de sus propiedades campiranas).

La postura de los mandatarios, estatales y municipales, pertenecientes al partido mexicano de derecha contraviene la obligación establecida en la Constitución de responder a las mencionadas recomendaciones en cuanto sean dirigidas a alguno de ellos. Obviamente, responder no significa aceptar o ejecutar las decisiones de la CNDH: los destinatarios de ellas pueden reaccionar de manera positiva o negativa, aceptando las indicaciones de dicha comisión o rechazándolas, pero deben responder. Ahora, ni eso desean hacer los mencionados personajes de Acción Nacional.

Habrá de verse si esa decisión de los panistas constituye a su vez una violación a los derechos humanos de los ciudadanos de esas demarcaciones, al quedar exentos de la oportunidad de que sean atendidos los casos presentados ante la CNDH y procesados en forma de recomendaciones a las autoridades. También está por saberse si esta reacción de la élite panista gobernante es una forma de descalificación temprana de indagaciones y recomendaciones que fuesen a afectar intereses y personalidades de Acción Nacional.

Y, mientras las familias mormonas de Chihuahua se dividen en cuanto a propiciar mediante un viaje a Estados Unidos que este país intervenga en México contra el crimen organizado (unas familias a favor, otras en contra), ¡hasta mañana!

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