Yansa: energía renovable comunitaria como motor de transformación

La transición energética en México privilegia a multinacionales

La transición energética en México se ha dado bajo un marco normativo y de política pública que ha provocado serios impactos socio-ambientales, especialmente en regiones indígenas, y ha servido para empoderar y enriquecer exclusivamente a grandes multinacionales. Las comunidades no han podido tener un papel activo en la transición energética, su única opción es rentar sus tierras a las empresas y recibir un pago ínfimo. Esto ha provocado que la energía renovable sea vista de forma negativa.

La ley no prohíbe a las comunidades producir energía; sin embargo, las instituciones (Cenace, CRE, CFE) les ponen barreras imposibles de superar. Esta situación no es justa para aquellas comunidades que tienen en sus territorios gran potencial eólico o solar y que desean emprender sus propios proyectos.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) permite la venta de energía bajo dos modalidades: trato directo entre empresas autorizadas y subastas organizadas por el gobierno a través del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace). En estas subastas se entregan contratos a los proyectos que ofrezcan el precio más bajo por la energía. Se aplica un algoritmo que únicamente considera factores económicos y técnicos (congestión de las redes eléctricas). No se verifica que esos proyectos tengan la anuencia de las comunidades donde se van a construir ni se comprueba que no vayan a provocar altos impactos socio-ambientales.

Cuando un proyecto logra un contrato por alguna de estas modalidades, aplica el artículo 71 de la LIE, que obliga a todos los órdenes de gobierno a agilizar y garantizar el otorgamiento de permisos y autorizaciones. Por otro lado, la LIE establece la obligación de las empresas de llevar a cabo Evaluaciones de Impacto Social que, en la práctica, son hechas por las mismas empresas a su conveniencia; y obliga al gobierno a realizar la “consulta” a las comunidades indígenas que se puedan ver afectadas. Se trata de “simulaciones de consultas” que incumplen los preceptos de libre, previa e informada.

Este escenario deriva en una alta concentración de megaproyectos en regiones con buenas condiciones para la generación de energía renovable, lo que está provocando fuertes impactos socioambientales acumulativos. Los ejemplos mas visibles y contundentes se están dando en el Istmo de Tehuantepec y en la Península de Yucatán.

Importancia y ventajas de los proyectos comunitarios

Los proyectos comunitarios han sido fundamentales en el desarrollo del sector de energías renovables. Casi todos los proyectos fueron comunitarios hasta fines de los 1990. Las grandes empresas entraron en el sector a partir de la segunda mitad de la década de los 1990. Fueron llevados a cabo por cooperativas, campesinos y empresas comunitarias y se dieron en Dinamarca, Alemania y Ontario. La legislación en estos países se adaptó para facilitarles el acceso a financiación, permisos y contratos, entre otros.

Basados en estas experiencias, si bien los resultados de cada proyecto son diferentes, todos los expertos e instituciones coinciden en que los proyectos comunitarios generan beneficios locales mayores que los de empresas externas y generan un impacto indirecto mucho mayor en cuanto a capacitación, conocimiento, experiencia y empleo.

La propuesta de Yansa

Yansa es una organización sin fines de lucro creada en 2008 en respuesta a violaciones de derechos y despojos territoriales cometidos por grandes empresas de energía renovable. Tiene la visión de que la transición de las energías fósiles hacia las renovables sea equitativa, justa y sustentable y promueva el empoderamiento de comunidades indígenas y su bienestar social. Su objetivo es contribuir a que la transición energética sea realizada en gran medida por las comunidades, con el fin de facilitar la redistribución efectiva de la riqueza y el poder.

Apoyamos a organizaciones comunitarias en defensa de derechos colectivos, impulsamos proyectos de energía renovable comunitaria y ciudadana de carácter social y promovemos cambios legales y de política publica conducentes a democratizar el sector energético. Nuestros principios y valores hacen que no apoyemos proyectos que vulneren a las comunidades, sus derechos, territorios o bienes naturales, incluso si surgen del interior de comunidades.

Yansa consta de dos tipos de entidades: 1) Yansa Compañía de Interés Comunitario (Yansa CIC), empresa social sin accionistas ni fines de lucro, cuya función es el desarrollo y operación de proyectos con las comunidades. Puede llevar a cabo actividades comerciales, pero debe dedicar íntegramente sus recursos y utilidades a generar valor social para las comunidades. 2) Fundación Yansa, donataria autorizada que apoya la defensa de derechos y territorios, y el diseño de sistemas de gobernanza comunitaria para la gestión de beneficios derivados de los proyectos comunitarios.

Yansa facilita y acompaña proyectos comunitarios eólicos o solares de carácter comercial pero con fines sociales. Es decir, producir energía que será parcial o totalmente vendida a la red eléctrica, en comunidades indígenas que tengan el potencial y deseen llevarlos adelante en sus territorios, y dedicar los recursos generados por la venta de energía a suministrar energía gratuita a la comunidad (para riego u otras necesidades de la comunidad) y/o para cumplir fines sociales definidos por la comunidad. La comunidad será dueña del proyecto conjuntamente con Yansa y tomaremos juntos las decisiones en todas las fases del mismo.

Con este fin, proponemos un modelo financiero que permite llevar a cabo proyectos comunitarios en contextos donde las comunidades no cuentan con recursos financieros propios para invertir. Yansa canaliza la inversión necesaria en forma de créditos blandos otorgados por inversionistas sociales (familias o instituciones) que comparten nuestros objetivos, y que buscan un impacto social positivo de sus inversiones. Lo que aportará la comunidad es el derecho a usar el espacio físico donde se instalará el proyecto, así como una serie, datos, permisos, autorizaciones, estudios y coberturas. La comunidad no aporta dinero ni se endeuda, tampoco pone en riesgo sus tierras o cualquier otro patrimonio que tenga antes del proyecto. La garantía para los créditos blandos es el proyecto mismo. De este modo, la comunidad se vuelve copropietaria del proyecto sin tener que aportar dinero, endeudarse ni correr riesgos.

Las utilidades del proyecto serán los ingresos generados por la venta de energía, menos los gastos operativos, mantenimiento, gestión del proyecto, impuestos y pagos para la devolución de la deuda. La comunidad recibe y gestiona el 50% de las utilidades de acuerdo con sus objetivos y dentro del marco legal aplicable a las Compañías de Interés Comunitario. No hay reparto individual de utilidades. Yansa recibe el restante 50% de las utilidades, que reparte de la siguiente manera: 25% a fondos de garantía para responder a incidentes o contingencias (terremotos, huracanes, etc.) y el otro 25% se dedica a cubrir las deudas adquiridas por Yansa CIC a lo largo del desarrollo del proyecto y, posteriormente, a apoyar el desarrollo de proyectos similares en otras comunidades.

La experiencia de Yansa para desarrollar este modelo comunitario se dio con la Comuna de Ixtepec, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde desde el 2009 se decidió realizar un proyecto eólico comunitario de 102 MW. El proyecto es plenamente viable y hay inversionistas sociales interesados desde el año 2012, pero fue bloqueado por CFE y SENER. Contradiciendo compromisos previos asumidos por el propio Secretario de Energía (Jordy Herrera), CFE impidió la participación del proyecto comunitario en una licitación que era clave para que obtuviera acceso a la red eléctrica. Lo mismo ocurrió con las subastas resultantes de la reforma energética. Esto se debe a barreras diseñadas para que solamente grandes empresas tuvieran acceso a la red y a contratos de venta de energía.

No tenemos aún proyectos construidos y operativos. La experiencia de Ixtepec evidenció que el marco legal vigente dificulta la realización de proyectos comunitarios, para que las comunidades rurales y pueblos indígenas puedan participar en la transición energética con proyectos propios para producir y vender energía limpia que ayuden a generar recursos para su transformación social y equitativa.

La transición a la energía limpia tiene que ser democrática, incluyente y respetuosa del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades de México. Estamos trabajando con organizaciones comunitarias del Istmo, Yucatán, Puebla y Baja California en un proceso para generar desde las comunidades propuestas para la modificación del marco legal. •