Respuestas frente a la crisis ambiental

En las pasadas décadas, las leyes ambientales han estado lejos de satisfacer las necesidades del país y de la sociedad. En los pasados 25 años, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia ambiental vivimos un retroceso, pues las leyes se acoplaron para facilitar la entrega de los recursos naturales nacionales como el agua, los alimentos, los minerales y las tierras a empresas nacionales y transnacionales sin restricciones ni regulaciones estrictas, advirtió Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Reflejo de lo anterior es que aquellas empresas que cometen delitos ambientales solo son multadas con unos cuantos miles de pesos y pueden continuar con sus operaciones sin restricción alguna y que bajo el pretexto de atraer inversión económica se ha desregulado todo lo relativo a cuestiones ecológicas sin tomar en cuenta que muchas actividades de extracción o de otro tipo de explotación de recursos naturales pueden tener un pasivo ambiental y social considerable, comentó para La Jornada del Campo, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Agregó que es un mito que la regulación en materia ambiental alejaría la inversión económica, pues las empresas cumplen las normativas de otros países, que suelen ser muy estrictas.

Multiplicidad de enfoques

A propósito de esta situación, el SUSMAI dio continuidad a la Agenda Ambiental 2018 Diagnóstico y propuestas, una publicación enfocada a plantear una serie de propuestas de políticas públicas en diferentes temas relacionados con el medio ambiente, el manejo sustentable de recursos naturales y la seguridad alimentaria, entre otros, y recién publicó el libro Crisis ambiental en México. Ruta para el cambio, el cual conjunta las aportaciones de decenas de especialistas para elaborar propuestas de acción inmediata ante una problemática de posible corte irreversible.

Subdividido en las temáticas de agua; agricultura, alimentación y suelos; agroecología y agrobiodiversidad; las condiciones de la biodiversidad; política federal sustentable e incluyente; mares y costas del país; la transición energética; actividades mineras y derecho humano al medio ambiente, cada capítulo plantea la problemática actual, y a manera de conclusión, brinda propuestas para la resolución de cada uno de los temas abordados.

El reto es tener la visión sobre los distintos temas y generar respuestas o el daño ecológico será irreversible, aseguró la también coordinadora del libro Encuentros y Desencuentros. La política forestal en tiempos de transición política.

Larga historia

La introducción del texto, elaborada por Leticia Merino y Alejandro Velázquez, hace un recuento de los cambios en materia de normatividad ambiental llevados a cabo en el país en las pasadas tres décadas. Al respecto, la propia coordinadora del compendio refiere que la Ley de Minería, modificada en 1992, permitió que las mineras tuvieran acceso a las tierras bajo el rubro de ocupación temporal, la cual, podría durar hasta 50 años, permitiéndoles desarrollar su labor en cualquier espacios, incluidas áreas naturales protegidas y sitios patrimoniales, como en el sitio arqueológico de Xochicalco, en Morelos.

Esta misma industria también tiene permitido continuar utilizando cianuro y mercurio en los métodos de extracción y gozando de acceso preferente al agua, a pesar de que, en varios casos, se deja a comunidades sin el líquido. Aunado a que los desastres ecológicos que generan las industrias extractivas solo son causa de una sanción económica pero no del retiro de una concesión, que aún se permite la minería a cielo abierto, y que 80 por ciento de lo extraído se exporta, con una contribución al Producto Interno Bruto de únicamente uno por ciento.

Para la investigadora es claro que no puede haber desarrollo económico si las ganancias llegan a manos de pocas personas y las consecuencias las paga toda la población. Por ejemplo, en materia de aguas, las empresas que tienen las concesiones de aguas se la están acabando, dejando a poblaciones enteras sin acceso al líquido, y por otra parte, las industrias vierten grandes cantidades de tóxicos en los caudales, contaminándose más de 50 por ciento del agua disponible en territorio nacional.

Por el contrario, sostiene que es urgente apoyar a empresas campesinas y de manejo forestal como se hace con las mineras y otros tipos de industrias además de reconocer sus derechos a aspectos básicos como el acceso al agua, la cual está concesionada a cerveceras, refresqueras, mineras y agroindustrias pero no a los pequeños productores, que son el sostén de disponibilidad de alimentos que llegan a nuestras mesas.

Los ecosistemas deben estar en manos de las comunidades, las cuales mantienen un conocimiento tradicional sobre el uso de sus recursos, pero también hay integrantes de las mismas que se han formado en universidades y retornan a sus comunidades para compartir ese conocimiento, aseguró la especialista.

Emergencia amplia

La emergencia ambiental actual que se vive en el planeta no solo corresponde al cambio climático, es una situación mucho más amplia, ya que se está perdiendo biodiversidad en más de 40 por ciento, lo cual implica crisis como la pérdida de polinizadores, una situación que a futuro puede derivar en la escasez de frutas y verduras y el exceso de granos; la acidificación de los océanos; la contaminación por químicos, de la cual se desconoce el impacto real; el agotamiento de cuerpos de agua dulce; la alteración de los ciclos del nitrógeno y del fosforo en el agua, disminuyéndose el oxígeno disponible en la misma, surgiendo problemas como el sargazo.

La búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales no es una cuestión cosmética, debe ser atendida de una manera integral e interseccional, para que todas las autoridades estén involucradas e incorporen la temática a su agenda, refirió la antropóloga, para quien en materia de derechos y educación, hay rezagos evidentes, que se pueden subsanar con la implementación de sistemas de monitoreo de ciudadanos, un mayor presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la modificación a las leyes con perspectiva de derechos humanos y generar una mayor incidencia en los estados.

Derivado de este proyecto, el próximo año saldrá un volumen dedicado exclusivamente a la problemática ambiental en las ciudades, una realidad que compete a más del 70 por ciento de la población del país y del mundo, pues el grueso de población urbana a escala global es de tres de cada cuatro personas habitando en ciudades. •