El pasado 17 de octubre, un tribunal administrativo confirmó la nulidad de una declaratoria emitida por la Secretaría de Economía (SE) en la cual se ofertó y concesionó el territorio de la comunidad indígena de Juba Wajiín, en el estado de Guerrero, para instalar ahí un proyecto minero, lo que significa un avance importante en la defensa de dicho pueblo y de otros contra la imposición de megaproyectos, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En conferencia de prensa, la organización indicó que con esta resolución se concluye el proceso jurídico que emprendió desde 2011 la localidad de Juba Wajiín (o San Miguel del Progreso) frente al otorgamiento de concesiones a la empresa Minera Hochschild México, a la cual el anterior gobierno del país ya le había otorgado el permiso de explotar yacimientos sin consultar antes al pueblo ni solicitar su consentimiento.

Valerio Amado Solano, ex integrante del comisariado de Juba Wajiín, saludó la resolución del segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa de 21 circuito, ya que por el momento libra a su localidad y a otras vecinas de ceder prácticamente todas sus tierras para un proyecto minero que no desean.

Asimismo, recordó que los habitantes de la comunidad se enteraron en 2011 que la SE había hecho una declaración de libertad de sus terrenos, lo que permitía la instalación de proyectos económicos, y le otorgó a Minera Hochschild México los permisos para explotar yacimientos de diversos metales en dos predios de la localidad, que abarcan prácticamente todo su territorio.

Luego de que Juba Wajiín ganara dos amparos en 2013 y 2015, la SE se inconformó con los fallos, por lo que el segundo tribunal colegiado ordenó la realización de peritajes para evaluar los posibles daños a la comunidad, tras lo cual confirmó la nulidad de la declaratoria de libertad de terrenos.