omo sucede todos los años, el jaloneo por los recursos públicos y el reacomodo de las partidas presupuestales provoca enfrentamientos, amenazas, bloqueos, presiones, mentadas y conexos que retrasan el proceso aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Les corresponda o no, todos quieren su rebanada, y mientras más gruesa, mejor. Y ello se intenta no con argumentos o propuestas sólidas y útiles para el país, sino con artimañas dilatorias.

Pero, les guste o no a los peticionarios, la ley establece fecha fatal para la aprobación del citado presupuesto, y por una mera casualidad hoy, 15 de noviembre, es el límite. No hay más, salvo que los pedigüeños pretendan dejar al país sin recursos para ejercer en el año 2020, porque los diputados no atinaron a decidir cómo, dónde y cuánto se ejercerá el gasto para el siguiente ejercicio fiscal.

Desde luego que siempre está a la mano el truco del reloj parlamentario, un invento bastante sucio (cuya maternidad es atribuida a la priísta Beatriz Paredes en sus tiempos de legisladora) diseñado para violentar los tiempos legales y manejarlos al gusto de los diputados, o si se prefiere un aparato imaginario diseñado para congelar el tiempo de los mortales, transgredir el huso horario oficialmente reconocido en el país y, de paso, violentar la disposición constitucional para aprobar el PEF.

A escasas horas de que se cumpla el citado límite fatal, en la Cámara de Diputados (la única legalmente facultada para aprobar, modificar o rechazar la propuesta presidencial en materia presupuestal) ni siquiera han discutido, menos aprobado, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es decir, la base para que el pleno de San Lázaro tome las decisiones pertinentes en materia de gasto público (en este caso para el 2020).

Como hormigas en algodón de azúcar, a San Lázaro han caído todo tipo de organizaciones y grupos representativos (cuando menos así se presentan, sean reales o de membrete) que exigen más dinero para su causa, la que ésta resulte, si es que existe. Desde el pasado 6 de noviembre se suspendió la sesión en la que los legisladores iniciarían la discusión del dictamen presupuestal y desde entonces no para la feria para pedir recursos o ampliar los previstos.

No es ocioso recordar que por más voluminoso que parezca el PEF 2020 (alrededor de 6.1 billones de pesos, según propuesta del Ejecutivo) en los hechos el margen de maniobra es más que estrecho, toda vez que entre 90 y 92 por ciento del total es inamovible. Quedarían así entre diez y ocho centavos de cada peso para asignaciones o reasignaciones.

Pues bien –de entrada, solo como ejemplo y en el entendido de que no puede repartirse lo que no hay– a ese aparentemente voluminoso presupuesto hay que restarle alrededor de tres billones de pesos, pues es la cantidad que se destinará para cubrir el servicio de la deuda pública (la mayoría a intereses), el pago de las pensiones y el de la nómina burocrática, de tal suerte que el margen de maniobra se reduce considerablemente.

En vía de mientras, en San Lázaro aseguran que para evitar el incumplimiento de aprobar el PEF 2020, la Cámara de Diputados reanudará hoy la sesión y modificará el orden del día para, en algún momento de este viernes o el sábado, iniciar la discusión del dictamen. El tiempo legislativo es diferente, dijo el coordinador de Morena, Mario Delgado, tras informar que el diálogo con las organizaciones que mantienen el bloqueo retrasará la aprobación del dictamen en la Comisión de Presupuesto ( La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).

Las rebanadas del pastel

A los golpistas bolivianos les fascina enseñar el cobre: Roxana Lizárraga, ministra (espuria, desde luego) de Comunicación, amenaza con aplicar la ley a los periodistas y seudoperiodistas que estén haciendo sedición, sean nacionales o extranjeros. Y lo dice quien fue declarada culpable de difamación por el Tribunal Nacional de Ética Periodística de aquel país. Así es: la golpista culpando a otros de sediciosos.

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